El fiscal no acusa, porque no ve delito. Para eso le pagamos.

La Audiencia Provincial de Madrid comenzará a juzgar el próximo martes a tres policías que participaron en la detención de dos militantes del PP para ser interrogados en relación con los empujones y actitudes agresivas sufridas por el entonces ministro de Defensa, José Bono, durante la manifestación de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), celebrada el 22 de enero de 2005.

Además, pide que el comisario sea inhabilitado durante 11 años. Los dos otros policias que participaron en las actuaciones se enfrentan por parte del PP, uno a 8 años menos un día de cárcel y otro a 4 años. El primero está acusado de los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público y el segundo sólo por este último ilícito. El PP también solicita que indemnicen a cada uno de los militantes del partido detenidos con 12.000 euros que destinarán a la Asociación Víctimas del Terrorismo.

El escrito del fiscal explica que el 22 de enero de 2005, con motivo de la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo se estableció el correspondiente dispositivo por parte de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura superior de Policía.

Durante la misma, los agentes pudieron observar que Bono y la eurodiputada socialista Rosa Díez "estaban siendo increpados por alguno de sus asistentes, incluso llegando en algunos momentos a ser zarandeados".

Funcionarios de la Brigada Provincial de Información, de la Sección Operativa de Avanzadas y Contravigilancias, de la Primera Unidad de Intervención Policial, de la Unidad de Protección y de la Unidad Central de Escoltas, todos ellos del Cuerpo Nacional de Policía, manifestaron que "escucharon insultos hacia el ministro y observaron empujones y zarandeos contra el círculo de seguridad, así como gestos y actitudes agresivas hacia las personalidades que protegían por parte de un grupo de personas que se encontraban junto a ellos". Testigos presenciales aseguraron que fue el círculo de seguridad de Bono el que abría paso al entonces ministros a base de empujones y zarandeos.

Además, el fiscal recuerda que "el ministro manifestó públicamente que había sido objeto de una agresión y en las imágenes de la manifestación ofrecidas por varios medios de comunicación se pudo observar a un grupo numeroso de personas" rodeándole e increpándole. Eran fotografías con sonido incorporado, de ahí que el fiscal supiera que se proferían imprecaciones. "A escasos metros aparecían Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, participando en la situación reseñada". El primero aparecía alzando un palo que pertenecía a una bandera de España. La bandera, según un testigo presencial, había sido arrancada del palo por un escolta de Bono, en una muestra de fervor "patriótico".

El 24 de enero, el secretario general del PP en Las Rozas (Madrid) identificó a Barrios y De la Cruz en las imágenes. El instructor de las actuaciones, el inspector jefe acusado, acordó que "se disponga lo oportuno" para que Barrios y De la Cruz sean trasladados "a las dependencias de la Brigada Provincial de Información con el objeto de ser oídos en declaración y de delimitar su presunta vinculación con los sucesos investigados".

Para evitar cualquier vulneración del derecho de defensa "se consideró que se debía proceder a la lectura de los derechos que les correspondían como detenidos. Dicha condición, que adquirieron al inicio de su declaración en Comisaría, duró el tiempo mínimo imprescindible, que fue el periodo transcurrido durante el desarrollo de la declaración".

Por su parte, el PP, que solicita los testimonios de, entre otros, los militantes detenidos, Bono, el entonces ministro del Interior y actual ministro de Defensa, José Antonio Alonso, y el director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, destaca que Bono "no había comunicado su asistencia ni figuraba en la relación que personas que habiendo efectuado aquella comunicación encabezaban" la manifestación "con las medidas de prevención y seguridad que para los cargos y autoridades se habían ordenado".

Añade que, al reconocer a Bono los manifestantes, "se produjeron reacciones en distintas opiniones, favorables y adversas a su presencia, motivadas esencialmente en las actuaciones y declaraciones respecto a la formación política que conforma el Gobierno", explica el escrito del PP.

Ello dio "lugar a discrepancias y descalificaciones, con el consiguiente tumulto y desplazamiento de la multitud que, debido al alto grado de asistencia, se encontraban en aquel lugar, dando lugar a que las cápsulas de seguridad formadas por los escoltas personales de aquellas autoridades y la formada en torno a ésta, decidieron alejarlos". Bono optó por abandonar la manifestación en la calle Virgen de Gracia, mientras que el resto de concentrados continuó. Rosa Díez, supuestamente agredida según el fiscal, también continuó, cosa que el fiscal quizá ignore.

EL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN DEL COMISARIO JEFE: "SI EL MINISTRO DICE QUE LE HA PEGADO, LE HA PEGADO, Y ESO NO SE CUESTIONA"

Según el PP, el 22 de enero la Brigada de Información no inició la investigación "al no tener fundamento para abrir unas diligencias". El inspector con carné profesional número 56.589 pidió al inspector jefe 16.259 (quien se enfrenta a 8 años de cárcel) que dejara pendiente una nota informativa hasta que él hablara con su jefe, el comisario jefe de la Brigada Provincial de Información, también imputado y para quien el PP pide 10 años de cárcel.

Por la noche, el inspector jefe imputado llamó al citado inspector y "le dio, expresamente, instrucciones de abrir diligencias policiales". El 24 de enero, mientras en Comisaría se veían las imágenes grabadas por las televisiones, el jefe de sección dijo al comisario jefe: "Jefe, no se ve nada", a lo que éste respondió: "Si el ministro dice que le han pegado, le han pegado, y eso no se cuestiona".

"Aquellas actuaciones confirmaron, a través de la totalidad de las declaraciones pretadas, que no existía ni un solo dato que permitiera afirmar la existencia de agresión alguna, y por tanto que no se podía atribuir a ninguna persona algún tipo de actuación que pudiera resultar constitutiva de delito", señala el PP.

Sin embargo, funcionarios de la Brigada de Información acudieron a recoger a Barrios y De la Cruz, y el jefe de sección imputado con número de carné 16.259 ordenó al instructor de las diligencias que una vez en comisaría les detuviera y leyera sus derechos. Éste se opuso porque no existía prueba alguna que los inculpara.

Tras negarse también a dejar de ser instructor para ser secretario, el comisario imputado le comunicó que estaba cesado como jefe de grupo.

NINGUNA AGRESIÓN A BONO, Y UN PARTE DE LESIONES A LOS DOS DÍAS Y REALIZADO EN UNA CLÍNICA QUE DEPENDE DE LA JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA POR SUS CONTRATOS Y CONVENIOS FIRMADOS

El inspector relevado, que fue destinado a la comisaría de Retiro, declaró en 2005 ante el juzgado que en su expediente se tomó declaración a los policías que intervinieron en la manifestación del 22 de enero en Madrid «Y SUPO A TRAVÉS DE ELLOS QUE NO HABÍA HABIDO NINGUNA AGRESIÓN» AL MINISTRO BONO. Añadió que sí había actuaciones relativas a las lesiones de uno de los escoltas, «concretamente un parte facultativo de un escolta del ministro, que tenía relación con una dolencia como consecuencia de un golpe que le habían dado en la manifestación con motivo de estar en la cápsula de seguridad».

Este parte de lesiones fue REALIZADO DOS DÍAS DESPUÉS, Y NO EN MADRID, SINO EN la clínica privada Nuestra Señora del Rosario DE TOLEDO. El director asistencial del centro médico era Fernando Largo, que fue director provincial del Insalud en Toledo y responsable de los conciertos del Ministerio de Sanidad en la época del Gobierno socialista de Felipe González.

En las diligencias de investigación de este inspector había declaraciones y visionado de cintas sobre el momento del incidente con el ministro. «Todos» los que vieron las cintas «coincidían en que no había habido nada, no apreciaron nada ni de las manifestaciones de los funcionarios ni de las cintas».

El 25 de enero, mientras era instructor y hasta que fue sustituido por su superior, «no se produce ninguna identificación». Éstas se harían después, «no a través del DNI, sino a través de la prensa». «Hasta que no aparecen en la prensa los nombres de las personas, el día 25, no fueron identificados» los dos afiliados del PP de Las Rozas que fueron detenidos tras ofrecerse de manera voluntaria a prestar declaración.

El inspector declaró también que desconocía quién efectuó el «telefonema» (sistema de registro de llamadas telefónicas) de citación a Isidoro Barrios, uno de los afiliados del PP detenidos, aunque se llevó a cabo a las 10.15 de la mañana, cuando él todavía era instructor, y que «no tuvo conocimiento de la realización» de este telefonema que, según sospecha, se introdujo después «entre un hueco y otro».

Según consta en el texto íntegro de la declaración del inspector jefe, «exhibido el testimonio remitido por el juzgado de instrucción número 42, donde consta el atestado de este juzgado, número de diligencias policiales 305, folio 34 y siguientes, de las actuaciones de este juzgado, manifiesta que estas diligencias no fueron las que le traspasaron la mañana del día 24». Es decir: las diligencias habrían sido rehechas para inculpar a los detenidos en beneficio de un montaje mediático llevado a cabo por el Excelentísmo Sr. don José Bono.

Fuentes solventes indican que la orden de la detención a toda costa fue transmitida por el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista Constantino Méndez, y que dicha orden partió del entonces ministro del Interior, José Antonio Alonso. [Europa Press/Pd]

Paz Digital, 16-04-2006