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Visto para sentencia el juicio contra tres policías por la detención ilegal de militantes del PP, prevista para el 8 de mayo MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El fiscal del caso en el que se juzga a tres policías por la presunta detención ilegal de dos militantes del PP que acudieron a la manifestación convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) el 22 de enero de 2005 - en la que el ex ministro de Defensa, José Bono, fue víctima de las actitudes agresivas de algunos manifestantes-, justificó hoy legalidad de los arrestos y dijo que no se realizaron "ni por razón de credo político ni por ningún tipo de venganza".

Según el fiscal, las detenciones de Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, de las que destacó su brevedad en el tiempo, existieron desde el momento en el que se produjo la lectura de derechos. La finalidad, según esta parte, fue dotar de seguridad jurídica la diligencia, ya que las preguntas que se les pretendía realizar, para "dilucidar si agredieron o insultaron al ministro", tenían marcado carácter incriminatorio.

Para el Ministerio Público tampoco existió falsedad documental por parte de los agentes en la confección del atestado que llegó al Juzgado, ya que únicamente se alteraron detalles formales -como los números del instructor y el secretario actuantes- que nunca afectaron al contenido del mismo, es decir, al aspecto esencial de las diligencias, a las que aludió como "documento veraz". Por todo ello solicitó la libre absolución de los policías.

El juicio por estos hechos quedó hoy visto para sentencia ante la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid, cuyo presidente, Miguel Hidalgo, emplazó a los acusados el próximo 8 de mayo a las doce y media de la mañana para conocer la resolución que dictará.

Los acusados en esta causa son el comisario Rodolfo Ruiz, para quien la acusación ejercida en nombre del PP solicita 10 años de cárcel y 11 de inhabilitación por los delitos de detención ilegal, falsedad en documento público y coacciones; el inspector jefe que coordinó las diligencias, para quien se piden 8 años de prisión por los dos primeros delitos; y un tercer agente que actuó como secretario en la toma de declaración de los militantes, a quien se imputa falsedad.

LA EMOCIÓN DEL COMISARIO

Al término de la sesión - que se prolongó algo más de siete horas, durante las cuales todas las partes defendieron sus conclusiones iniciales, elevadas a definitivas-, hicieron uso de su turno de última palabra tanto el inspector acusado como el comisario para defender su inocencia, este último visiblemente emocionado. El comisario aseguró que durante los más de veinte años que lleva como policía ha actuado con profesionalidad y jamás ha "recibido ninguna injerencia política". Reiteró que nunca tuvo intención de delinquir y que si hubo algún "misterio" en esta causa -un término constantemente aludido por el abogado de la acusación particular-, era la razón por la que los tres agentes habían acabado en el banquillo de los acusados.

Por su parte, el inspector acusado relató que, en el momento en que De la Cruz llegó comisaría, manifestó espontáneamente que Bono había llegado "provocando" a la manifestación y que "no había derecho", y que por eso le había insultado. El agente le advirtió de la gravedad de estas afirmaciones, ya que las realizó sin estar su abogado presente, y luego avisó a éste de las mismas. "Salió dándome las gracias y sorprendentemente, luego me denuncia", dijo.

La sesión de hoy comenzó con la declaración como testigos de dos escoltas del ex ministro Bono, cuyo contenido fue idéntico al realizado ayer por un tercer guardaespaldas, quien dijo que todos acordaron ampliar sus declaraciones iniciales sobre lo ocurrido en la manifestación porque, tras su primera comparecencia ante la policía, les pareció que lo declarado era algo "incompleto".

ACUSACIÓN PARTICULAR.

Posteriormente leyó sus conclusiones definitivas el abogado del PP, Juan Ramón Montero, quien defendió la ilegalidad de la actuación policial por entender que, desde un principio, "se buscó a personas de una formación política", en alusión al PP, cuando todas las diligencias iniciales descartaban una agresión al ministro.

El letrado sustentó la existencia de falsedad documental en los cambios en el atestado tras el relevo de un primer instructor de las diligencias -cesado por negarse a practicar las detenciones-, ya que "había que ocultar lo actuado por los policías honrados" y por ello "se recurrió a modificar las diligencias". Dijo también que tras celebrarse el juicio se puede afirmar "que hubo mucho más" de lo que aparece formalmente en la causa, en alusión a lo declarado por los escoltas de Bono.

DEFENSAS.

Todas las defensas, tanto la ejercida por el abogado del Estado en representación del inspector jefe como las de los otros dos agentes negaron la existencia de detenciones. El primero añadió que, de existir, se dieron los requisitos para realizarlas y se respetaron las garantías.

Sobre la falsedad, el abogado del Estado insistió en que su defendido, el inspector acusado J.F., nunca dejó de ser el instructor de las diligencias, con independencia de que delegara alguna de ellas en un subordinado. Al igual que hizo el fiscal y el resto de las defensas, el representante jurídico del Estado puso en duda la validez de los documentos aportados durante la instrucción por el agente cesado, considerados por las acusaciones como diligencias originales, sin alterar, y en las que basan su acusación de falsedad documental.

Sobre el hecho de que se acuse al tercer agente de falsedad, por no ser reconocido por los militantes como el secretario que les tomó declaración, el letrado del Estado manifestó: "Si condenan a este señor por no estar en las declaraciones no hay ni un juez ni un secretario judicial en Plaza de Castilla que no vaya a la cárcel por el mismo motivo".

[es.newsyahoo.com]

Paz Digital, 25-04-2006