"La Ley recalca que si un soporte tiene un determinado tipo de protección, no se podrá hacer copia privada, a pesar de que sobre ese mismo soporte has hecho efectivo el pago de un canon. Te lo cobra por un derecho que tienes y luego te lo niega".

Miguel Pérez, miembro de la Plataforma Todos Contra el Canon y presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), anuncia que podría impugnarse la nueva Ley de Propiedad Intelectual que establece el "canon digital".

A nosotros en principio no nos gusta el texto que ha salido porque da vía libre a lo que nosotros llamamos el "canon digital", la imposición de una tasa sobre los dispositivos electrónicos, y esta tasa es indiscriminada con independencia del uso que se haga de estos dispositivos. No nos gusta porque cada vez más los dispositivos son multifunción, se emplean para grabar cosas de ámbito particular y cosas que tienen derechos de autor; por lo tanto, todos los que los usan para el ámbito particular y que no tiene nada que ver con los derechos de autor están siendo gravados de una forma injusta desde nuestra opinión.

Los perjudicados al final somos todos porque la Ley no contenta a nadie. Beneficiados, desde nuestro punto de vista, solamente las entidades de gestión, pues ven su trabajo facilitado: en lugar de intentar hacer que pague el que tenga que pagar, el que haga copias con derechos de propiedad, solamente han de concentrarse en localizar a los importadores y fabricantes, y son a ellos a los que tienen que perseguir. Tiene otra ventaja para ellos que es que establecen el precio, cosa que nos parece también injusta, que el canon lo decida una de las partes.

El texto tiene varias contradicciones. La más grande quizás sea que por un lado establece que el canon se basa en el derecho de cualquier persona a hacer una copia privada, y en virtud de ese derecho señala que te va a cobrar un canon porque esa copia no va a poder ser remunerada para los autores. También la Ley recalca que si un soporte tiene un determinado tipo de protección, no se podrá hacer copia privada, a pesar de que sobre ese mismo soporte has hecho efectivo el pago de un canon. Te lo cobra por un derecho que tienes y luego te lo niega. Esa es la principal contradicción que va a crear una gran conflictividad.

Otras contradicciones están en función de la tecnología: se plantea que el canon se basará en la capacidad de almacenamiento de los dispositivos; la tendencia actual es que los dispositivos tienen mayor capacidad y menor coste, con lo cual, si el canon se establece únicamente en función de la capacidad de almacenamiento puede llegar un momento en que el precio del canon haga inviable el soporte.

Es otra contradicción. Cuando nos hemos entrevistado con los senadores y diputados nos han comunicado que nos entendían, que pensaban que la ley estaba obsoleta y condenada a no funcionar, pero aún así han votado a favor. La única razón que hemos encontrado es que realmente no se quiere hacer frente a un lobby muy potente, con mucha influencia en la opinión pública, como son los autores. Esto es lo que han condicionado finalmente la decisión de los partidos.

Creemos que en una ley conflictiva el sentido común dice que hay que dar cabida en los grupos de trabajo a todas las partes, y eso no se ha hecho. Solamente en la fase final se ha escuchado nuestra voz pero no nos han dejado participar en los grupos de trabajo, sino simplemente nos han oído y al final tampoco nos han hecho caso. Esta es la razón por la que decidimos, todos los que estábamos en contra, agruparnos en una Plataforma, porque pensamos que una sola voz se oiría más que varias voces. Así empezamos a tener un punto de encuentro común, desde el principio emprendimos una recogida de firmas, ya tenemos 300.000, y seguiremos porque el tema no ha hecho más que empezar. Estamos viendo que la realidad tecnológica va por otra parte: cuando en España hay cuatro millones de personas que están intercambiando contenidos, cuando hay otra forma de gestionar los contenidos, cuando hay otro movimiento del copy-left (gratuito)… las cosas no son blancas o negras, el autor puede decidir si un contenido lo deja de dominio público, o simplemente para que le citen, o si quiere que se pueda modificar o no. Pensamos que se está gestando una forma distinta en el ámbito del movimiento de contenidos y derechos. En ese marco la Sociedad de Gestión sigue teniendo razón de ser y existir porque es muy difícil que un autor a nivel individual controle sus derechos, pero también pensamos que esta entidad se ha de centrar en perseguir a los que hacen negocio con los contenidos de terceros, y así el resto de usuarios no tendremos problemas.

Sí. Nuestro primer paso ha sido intentar influir sobre los políticos pero no nos han hecho caso. Ahora se abre la vía legal y jurídica por las contradicciones que tiene la ley. Si recogemos un número importante de firmas podemos solicitar que se revise la Ley. [UNO]

Paz Digital, 03-07-2006