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Favores franceses / French favours 04-06-2004
Extraído de otro sitio y TRADUCCIÓN por DonaldRumsfeld.
Favores franceses
Enero de 2004
Una década de juicios por corrupción ha escarmentado a la elite francesa. Pero pocas cabezas han rodado y poco ha cambiado. ¿Cuáles son la raíces de la corrupción francesa?
Tim King
El negocio de destapar la corrupción no es para enfermos cardíacos. En Francia, Eva Joly, la magistrada más conocida del país, vivió bajo protección policial las 24 horas durante 6 años: seis años vividos sabiendo que se le había pagado a alguien para seguirla y, si se presentaba la oportunidad, matarla. Joly no investigaba barones colombianos de la droga o redes mafiosas - su trabajo era en un país que es uno de los más civilizados del mundo. Investigaba la corrupción de políticos franceses, abogados y directores de empresas.
La corrupción es, generalmente un delito de la elite, de aquellos que tienen acceso al dinero y al poder. Desde mediados de los 80, Francia ha sido convulsionada intermitentemente por escándalos que han afectado a las clases más elevadas. Aquellos entre a los que les ha salpicado la corrupción, si no condenado, incluye a Jacques Chirac, Alain Juppé, Roland Dumas y (padrino de todos ellos) François Mitterrand. Son gentes que han sido educadas en la misma escuela, que están unidas por los mismos valores e ideas. También comparten la convicción, de acuerdo con el sociólogo Pierre Lascoumes, de que están por encima de la ley. Aquellos que han sido enviados a prisión por corrupción (Bernard Tapie, Loïk le Floch-Prigent, Alfred Sirven) habían sido ministros o directores de empresas, pero no pertenecían al círculo de elegidos de la elite francesa. Por consiguiente, se entiende que aquellos que luchan contra la corrupción no pertenecen a la elite, y Eva Joly fue un ejemplo de alguien que desde fuera de la elite luchó contra la corrupción francesa.
La noruega Gro Eva Farseth llegó a Francia en 1964, cuando tenía 20 años, para estudiar francés. Encontró trabajo temporal como au pair en la familia Joly, que formaba parte de la alta burguesía parisina y vivía en un hotel privado cerca de los jardines de Luxemburgo. Cometió el clásico error de enamorarse del hijo de sus empleadores. "No debes casarte con esa muchacha", escribió el Dr. Joly a su hijo. "Gro no es rica y probablemente no lo será. No conocemos a su familia. Piensa en sus rudos modales. En nuestra familia, siempre hemos sido bien educados". ("Gro" suena como la palabra francesa para manteca.)
A pesar de su desaprobación, Pascal Joly y Eva se casaron. Tuvo hijos y estudió derecho por las tardes, y aprobó las oposiciones para entrar en la Escuela Nacional de la Magistratura a los 37. Tenía 50 cuando entró en la brigada financiera de Paris. En esos años, pocos magistrados investigaban el fraude voluntariamente. "En mi primera entrevista," escribió más tarde, "el presidente del tribunal me dijo: 'Nunca he entendido por qué has investigado a fondo estos casos. Me imagino que escogiste el fraude porque eres noruega y protestante'."
En los nueve años siguientes, Joly se elevó hasta llegar, si se cree en los titulares de los periódicos, en la mujer más temida en Francia. Alcanzó el punto álgido de su fama en 1996, para entonces algunos de los nombres más importantes de los negocios y de la política francesa habían sido mandados a prisión bajo sus órdenes. Se decía que la elite política temblaba ante el pensamiento de ser citada por ella.
Durante un tiempo, la prensa la adoraba y todo el país se sentía unido a ella. Un puñado de jueces –jóvenes, dinámicos y luchadores- estaban purgando a la vieja guardia corrupta. Entonces Joly voló demasiado alto. Cuando abrió el caso más grande y complejo de corrupción, la investigación de Elf descubrió enormes sobornos que se daban por la entonces compañía propiedad del estado, con la aprobación del gobierno, para garantizar contratos con ciertos jefes de estado africanos. Esto había sido una práctica largamente establecida tanto por gobiernos de izquierda como de derecha, pero Joly encontró pruebas evidentes. Las prácticas mercantiles de Elf también trajeron a Joly más cerca de casa: algunos de los sobornos que Elf pagó durante la adquisición y construcción de la refinería de Leuna en la antigua Alemania del este 1992 habían ido a parar a partido alemán CDU del Canciller Kohl. Se alegó que Mitterrand, viendo que Kohl caía en las encuestas, ordenó a Elf que pagara $15 millones para su campaña electoral. Tales acusaciones fueron demasiado para el gobierno francés, que cubrió con una cortina el trabajo de Joly: el asunto fue declarado secreto de defensa, secreto de estado.
El sentimiento popular por Joly también empezó a agriarse. En Enero de 1998 arrestó a Roland Dumas, presidente del Tribunal Constitucional, la quinta posición más alta en la Republica. El país estaba conmocionado. ¿Era cierto que el hombre de leyes más anciano de Francia era sometido a esta indignidad por una extranjera, por una mujer a sus 75 años? Parte de la prensa se volvió en su contra. ¿O se la volvió en contra? Después de todo, Joly y sus colegas estaban acusando a gente que podía mover los hilos al más alto nivel.
Como su suegro en los años anteriores hiciera, la prensa empezó a atacar su apariencia: las fotografías elegidas para ser publicadas mostraban ahora a una bruja gruñona de mediana edad, minando su imagen durante 18 horas al día. Era la antigua criada, la vikinga y la protestante. Su acento era ridiculizado. Un banquero que estaba siendo investigado renunció a contestar las preguntas a no ser que se las hiciera en francés correcto.
Alguna prensa la criticó duramente porque decían que estaba obsesionada con los zapatos de Dumas y con su amante, en vez de ir al grano: la posible conexión de Dumas con comisiones ilegales por la venta de fragatas a Taiwán. Pero Joly supo que las fragatas eran una trampa: el secreto de defensa sería invocado. En enero de 2001, Dumas fue a juicio con la acusación de recibir inadecuadamente propiedad pública, y fue condenado. Esto sirvió a Joly para justificar su trabajo y conmocionó a Francia. El hecho de que saliera absuelto en apelación - alegó que no supo que los regalos que su amante le mostró eran sobornos de Elf – no sorprendió a nadie en la profesión. Joly tuvo éxito al poner entre rejas a algunos otros notables, pero ninguno era parte de la elite parisina. Para cuando Dumas fue absuelto en Enero de 2003, Joly, sobrecargada con otros 90 casos, pocos de los cuales habrían llegado a buen fin, había tirado la toalla y se había vuelto a Noruega.
El sistema de instrucción francés es muy diferente del sistema acusatorio inglés, [y al español, hasta ahora] y algunos magistrados franceses dicen que protege a los poderosos. Cuando se sospecha que un delito ha sido cometido, la investigación no se puede comenzar sin el consentimiento escrito de un fiscal. Si éste decide que haya investigación, designa a un juez instructor. El juez instructor francés no tiene nada en común con el magistrado ingles [ni español] (una justicia de paz gratuita que asegura el funcionamiento apropiado de la ley en su nivel primario). El juez francés es un detective entrenado legalmente con enorme poder. Puede llamar a cualquiera a declarar excepto al presidente, y mantener a un sospechoso en prisión sin juicio durante meses. (Hubo declaraciones sobre el estado de las prisiones francesas de algunos miembros de la elite que esperaban juicio al final de los 90 que ayudaron a volver a la opinión pública contra los magistrados). La constitución exige que el juez instructor sea independiente. Pero la persona que da al magistrado los casos, el fiscal, no es independiente. Su carrera depende de mantener una buena relación con sus superiores en el ministerio de justicia. Si tuviera el presentimiento de que el ministro preferiría que un determinado caso no llegara juicio, podría dividirlo en dos o más partes, asignándole cada una a un juez diferente, posiblemente en diferentes partes del país. Según Renaud van Ruymbeke, uno de los jueces con más experiencia, este revoltijo es la causa que nunca sepamos de los casos que son muy importantes.
Cuando se abre una investigación, el fiscal define sus parámetros y el instructor no debe sobrepasarlos. Si, durante la investigación de una factura falsa de €10.000, el instructor descubre otras facturas, no puede considerarlas, no puede coger pruebas o tomar declaración a sospechosos sin permiso del fiscal. En un caso con repercusión política, sus peticiones serán consideradas, casi con seguridad, por el Ministro de Justicia, que las puede demorar unas cuantas semanas y entonces simplemente rechazarlas. En ningún momento nadie está obligado a decir por qué ha tomado una decisión.
Durante la espera, el sospechoso tiene tiempo de destruir pruebas, esconder el dinero e incluso salir del país. Joly acostumbraba a llevar un fax portátil. Si encontraba pruebas de otros delitos, enviaba los detalles al fiscal para su aprobación, con la ventaja añadida de que la prueba era registrada. La dependencia que tienen los jueces del fiscal implica una gran influencia de los políticos sobre la investigación.
En 1971, cuando François Mitterrand creo el Partido Socialista, no había leyes que controlaran el modo en que los partidos políticos podían adquirir fondos. Su partido estaba al cargo de modernizar y reconstruir Francia - hospitales, comisarías, ayuntamientos, escuelas-. Cada autoridad local necesitaba ayuda de expertos, por eso el partido constituyó una consultoría sobre edificaciones, Urba, para aconsejar en el mismo lugar, proponer el arquitecto e investigar a los que iban a suministrar los materiales. Por este servicio, Urba se llevaba alrededor del 3 % del coste total. El dinero así recaudado se repartía en: 40% para los costes de mantenimiento de Urba, 30% para el Partido Socialista y 30% para el representante electo que había procurado el contrato.
Urba se concibió como una manera de chupar dinero público hacia las arcas del partido y hacia los bolsillos de los particulares. El sistema funcionó bien, y creció rápidamente a medida que las demandas del partido aumentaban y los representantes electos se volvían más avaros. Se abrieron 16 oficinas regionales, más otras compañías más pequeñas para justificar sus actividades hacia el ciudadano que paga impuestos y hacia la policía.
Diez años después, François Mitterrand fue elegido presidente, la izquierda tuvo mayoría en el parlamento y miles de ayuntamientos alcaldes socialistas. Urba floreció. Si a Mitterrand se le recuerda por sus grandiosos proyectos arquitectónicos, éstos no fueron meramente por la gran gloria de Francia. Aunque Urba fue discreta, sus prácticas ilegales levantaron la sospecha de alguien. Se empezaron un par de investigaciones que fueron bloqueadas por el Ministro de Justicia antes de que se pudiera descubrir algo.
Hacia 1987, Urba recolectaba 123 millones de francos al año. Cuando Mitterrand fue reelegido al año siguiente había suficientes investigadores revoloteando alrededor del partido. Sus seguidores pidieron la amnistía, como parte de las celebraciones por la Victoria electoral, de todos los representantes electos (incluido él mismo) que estaban siendo investigados por mala conducta financiera. Jueces y policías que habían estado investigando a un alcalde corrupto o a un parlamentario se encontraron con que habían perdido años de trabajo. Se puede entender por qué la mayoría de los jueces no estaban interesados en casos financieros. Se les dejó a un par de oficiales de policía que descubrieron lo que sabemos sobre Urba.
Dos policías marselleses, Antoine Gaudino y Alain Mayot, han estado investigando desde 1986 a una compañía constructora que había estado recibiendo grandes y desproporcionadas sumas del consorcio de construcción nacional. Los cheques fueron hechos efectivos - 15 millones de francos en total – que después desaparecieron. Tres años de investigación habían llevado a Gaudino y a Mayot a varios finales con resultado de muerte. La gente a la que interrogaron eran antiguos directores que preferían ir a la cárcel antes que revelar adónde había ido a parar el dinero. En abril de 1989, la investigación chocó ligeramente con la oficina de Urba en Marsella. Con pocas esperanzas, buscaron facturas; entonces Gaudino encontró en un cajón cuatro libretas escolares. En éstas estaban anotadas cada una de las reuniones internas de Urba. "Leímos en blanco y negro, en términos sencillos y claros las actividades reales de Urba", Gaudino después contó como se las encontró. "Era la oficina oculta del Partido Socialista, creada para recaudar fondos por un sistema de sobornos y corrupción organizada a escala nacional. Las 'comisiones' pagadas a Urba como libramientos para "estudios" de impacto sonoro fueron el duro tributo que las firmas constructoras tenían que pagar para obtener contratos en el sector público." En una nota de la libreta decía que en enero de 1989, en la sede central del Partido Socialista en París, a uno de los protegidos de Urba se le dijo que sería recompensado con el contrato para construir un túnel bajo Marsella – con la condición que le diera a Urba en negro la cantidad de 5,7 millones de francos. Quince días después, el Ayuntamiento de Marsella ratificó la adjudicación.
Sin embargo, estas notas no fueron pruebas de cargo en la investigación que Gaudino hizo del constructor. Antes de que se la pudiera llevar de la oficina de Urba, una nueva investigación tenía que ser autorizada. Y entonces, inevitablemente, la orden vendría desde la oficina del primer ministro, pero para parar la investigación. Pero Gaudino se las arregló para pasar de soslayo sobre la prueba y se llevó 84 cajas de papeles. Entre otras cosas encontró la prueba de que, en 1988, Urba dio 24 millones de francos para la campaña electoral de Mitterrand; meses después, los mismos socialistas habían hecho una ley haciendo que esta donación fuese ilegal. Plasmó las evidencias en un informe de 24 páginas que se le pasó al fiscal, que envió el informe directamente a París. Durante un mes hubo sólo silencio. Entonces una copia llegó a las manos de Canard Enchainé. Urba se convirtió en noticia de primera página. Finalmente, Mitterrand respondió. En 1990, anunció otra amnistía. Todos los malos actos relacionados con la financiación del partido, incluyendo la financiación de su campaña presidencial, fueron apartados del alcance de la crítica.
Gaudino inmediatamente escribió un libro sobre su investigación: L'Enquête Impossible. Los hechos conmocionaron a Francia y fueron tan detallados que el gobierno se vio forzado a abrir varias investigaciones, que acabaron con varios constructores y alcaldes de grandes ciudades en la cárcel. Antoine Gaudino, mientras tanto, fue despedido de la policía.
Pagó con su puesto de trabajo, pero Gaudino destapó la financiación ilegal del partido político que gobernaba Francia. Su investigación abrió una serie de batallas entre el poder judicial y la elite dirigente que se han convertido en algo cotidiano en Francia. La palabra "corrupción" se ha incrustado en el alma de los franceses seguramente tanto como lo hizo la palabra "ocupación" en los años 60.
Uno de los factores clave para que la opinión pública tome conciencia de la corrupción –para bien o para mal- ha sido la prensa. La prensa francesa es en teoría más libre que [la española] la inglesa o la americana, ya que no está obligada a guardar datos porque estén sub judice, pero en la práctica es menos libre ya que debe lealtad a los líderes electos. La prensa francesa recibe subvenciones del gobierno, directa e indirectamente. Hasta mediados de los 80, había una complicidad tácita entre periodistas y políticos y, a alto nivel, entre los propietarios de los medios y el gobierno. Unos cuantos periodistas hicieron el intento de romper el silencio. En 1983, Pierre Péan escribió sobre la insana relación entre París y África occidental; y en 1985, la voladura del barco de Greenpeace, el Rainbow Warrior, por agentes franceses no podía ser ignorado. Pero en cuanto se mantuvieran respetuosos y distantes del presidente Mitterrand y su familia, particularmente de su hija ilegítima, los jóvenes periodistas fueron tolerados. Entonces los intereses comunes empezaron a reunir a periodistas y a jueces y su idealismo dio a la causa anticorrupción su ímpetu. Las historias de corrupción se vendían bien en los periódicos; la fama hizo más fuertes a los jueces. Por un momento jueces y periodistas prosperaron.
Entonces el clima empezó a cambiar. Algunos magistrados se dejaron llevar por sus prejuicios y pasiones políticas. Y algunos periodistas, frustrados por las demoras del sistema legal y al no estar sujetos por el sub judice, empezaron a anticipar los movimientos de los jueces estrella. Se publicaron titulares que anunciaban investigaciones antes de que estas tuvieran lugar, así daban al sospechoso tiempo para destruir las pruebas. Las investigaciones se convirtieron en acontecimientos periodísticos. Los jueces se volvieron menos cooperativos y algunos periodistas empezaron a chantajearlos amenazándoles con publicar sus errores o pasar información privilegiada a los abogados defensores. Joly fue una víctima de tales tácticas. Durante su investigación de Roland Dumas, éste concedió una entrevista a Le Figaro el día anterior a ser interrogado, estableciendo por anticipado su versión de los hechos.
Por ese tiempo Le Figaro, L'Express, TF1 y Paris Match fueron comprados por grupos industriales: Lagardère, Dassault (armamentos) y Bouygues (construcción). "Hombres de negocios, algunos de los cuales habían sido señalados como corruptos, pusieron sus inversiones en los medios de comunicación, sabiendo que ningún editor publicaría material difamatorio sobre uno de los mayores accionistas del grupo," según me dijo Gaudino. Los artículos empezaron a defender a los victimizados hombres de negocios y a atacar a jueces antipatrióticos (aunque algunos medios siguieron escarbando a pesar del cambio de propietario).
Pero incluso con su mejor esfuerzo, los periodistas publicaban sólo lo que los jueces les decían. Acelerar el barco con investigaciones independientes no forma parte del trabajo del periodista asalariado, y aquellos que trabajaban de por libre eran vulnerables de ser acusados - el reciente libro de Denis Robert: Revelaciones sobre Luxemburgo-basado en la cámara de compensación Clearstream, tiene 20 denuncias por calumnia, el segundo libro de Gaudino, La Mafia de los Tribunales Económicos, tiene 43.
Mi amigo Norbert lleva una viña en el Languedoc. Durante 30 años su familia ha vendido vino a los supermercados locales. En mayo de 2003, el director del departamento de bebidas cambió de opinión. Mi amigo fue para descubrir por qué. "Te compraré si me das el 5 % anual" le dijo el director. Cuando Norbert protestó, el director moviendo los brazos alrededor del supermercado le dijo: "Todo lo que ves aquí –desde yogures a bombillas – cada fabricante paga una comisión para poner sus productos en las estanterías".
La mayoría de los franceses reconocen que la corrupción empieza a nivel local. "Nunca he ofrecido ni un sobre para obtener un contrato", dice un constructor en la revista Capital. "Pero piscinas gratis, oh sí, las he hecho. Docenas de ellas." Y cuartos de baño, incluso, casas enteras – una para un alcalde, otra para un funcionario local. Es prácticamente imposible para un constructor coger un buen contrato sin engrasar unas cuantas manos. Cosas similares ocurren en muchos países, pero Francia tiene 36.777 alcaldes poderosos y sin preparación. El típico caso es un alcalde de una pequeña ciudad que necesita dinero para su reelección. Se va con el constructor local y ambos diseñan un proyecto para construir un edificio por el cual el constructor factura al alcalde. El alcalde retira el dinero de las arcas municipales y lo utiliza para financiar su campaña. El constructor es recompensado con un contrato después de la reelección.
En Francia, a alguien que se le ha condenado por desfalco o por cohecho no es condenado al ostracismo por sus compatriotas. Cuando se desvelaron los métodos financieros del Partido Socialista, el tesorero, Henri Emmanuelli, fue enviado a prisión. Eso no fue obstáculo para ser reelegido al parlamento cuando fue liberado. Por lo cual, ya que el soborno se considera esencial para lubricar un negocio, los jueces que sacan pecho pueden ser acusados de dañar los intereses de los empresarios franceses. También son acusados de alimentar el Frente Nacional de Le Pen, que dice que la verdadera Francia es honesta y se traga los votos desilusionados de los que leen noticias de corrupción de otros partidos.
La corrupción existe en todos los países, ricos o pobres. ¿Tiene alguna causa distintiva en Francia? Según con el escritor Edmonde Charles Roux, "los mediterráneos tienen una concepción de la honradez que les es peculiar". En el caso de Francia hay dos aspectos que parecen fundamentalmente diferentes a los de la vida en Inglaterra.
El primero es la actitud hacia el dinero. Los británicos tienen una visión bastante clara de que el dinero es un instrumento (lo cual se le ha denominada la visión protestante). No hay nada malo en el dinero en sí mismo, pero hay dinero bueno, ganado con el trabajo duro y dinero malo ganado por la avaricia o sin honra. En el fondo de la actitud francesa está la visión católica que ve el dinero manchado por el pecado. Como el dinero es necesario y la corrupción es un abuso de algo que ya es pecaminoso, no importa demasiado.
A esa concepción histórica, que es la visión católica, se sobrepone la visión laica republicana que rechaza todo lo que sea católico (particularmente porque la Iglesia católica era vista como corrupta). De acuerdo con la lógica republicana, el término "moralidad" es una bofetada de la Iglesia; así, llamar inmoral a un político es extralimitarse porque esto es mezclar la iglesia con el estado, lo que está prohibido por ley. El republicanismo ha llevado a la convicción de que el estado correrá con los gastos de cualquier cosa. El resultado es que en Francia hay un modo confuso de concebir el dinero, marcado por la suspicacia y reticencia a hablar de esto.
La segunda diferencia básica es referente a la actitud francesa hacia los políticos. En Francia, la política es la fuerza y el arte de aparentar. Los franceses no condenan las acciones inmorales de sus líderes si son por el bien común. En uno de sus juicios el ex ministro Bernard Tapie admitió que había cometido perjurio. "Pero mentí de buena fe" añadió. "Es mejor ser un ministro deshonesto que tonto" dice el abogado Jean-Pierre Versini-Campinchi, que defiende al hijo de François Mitterrand en un caso de tráfico de armas. Los franceses no comparten la noción de que un político debe ser en lo personal un buen ejemplo.
Hay quien dice que el actual torrente de corrupción empezó en los 70 con la creación de Urba y el aumento del precio del petróleo (para pagar por el petróleo Francia se tuvo que vender armas y componentes nucleares a clientes como Iraq, Angola y Gabón). Pero la corrupción francesa puede ser rastreada hasta Colbert e incluso antes. La Tercera República estuvo notablemente abierta al soborno, por eso algunas de las semillas de la corrupción actual fueron sembradas cuando la generación de Mitterrand creció durante la segunda guerra mundial.
Al comienzo de la guerra, cuando el futuro presidente socialista tenía 23 años, era de la derecha católica. Al menos dos de sus amigos eran miembros del Cagoule, una sociedad secreta que pretendía instalar un estado fascista en Francia. En 1940, cuando era soldado, Mitterrand fue capturado por los alemanes y estuvo 18 meses como prisionero de guerra, antes de escapar y obtener un empleo como funcionario del gobierno de Vichy. La mayor parte de la guerra Mitterrand fue pro-Petain y furiosamente anti De Gaulle. Al inicio de 1943 fue condecorado con la medalla de la lealtad por el Marshall Petain (un hecho que negó durante toda su vida). Pero en ese mismo año visitó Londres y Argel y, viendo para donde soplaba el viento, se puso de parte de De Gaulle.
Para el verano de 1944, con los aliados avanzando desde Normandía, Francia se estaba desgarrando en una guerra civil. Miles de franceses, mujeres y hombres, fueron asesinados por sus compatriotas. La propiedad fue confiscada en el nombre de la resistencia. Ya que la riqueza fue asociada con la colaboración, las fortunas privadas fueron robadas por aquellos que fueron suficientemente audaces para aprovecharse del momento. Mitterrand fue avispado y se apoderó de un edificio de oficinas cerca de la Ópera en Paris. Había sido ocupada por el Comisariado Alemán, cuyo director fue un francés de nombre Moreau. A las 11 de la mañana del 20 de agosto, cinco días antes de que París fuese liberado, Mitterrand entró en la oficina principal con tres colegas y le puso un revolver en el pecho a Moreau. Cuando Moreau le preguntó que qué quería, Mitterrand contestó: "¡Quiero que te vayas!" Moreau amablemente le dijo que no tenía derecho legal, y Mitterrand contestó: "Monsieur, il n'y a pas à discuter: c'est la révolution!"
A mediodía, habiendo desplegado su propia guardia armada en el hall, Mitterrand se fue en bicicleta a almorzar con la madre de Jean Bouvyer, el más activo de sus amigos fascistas en Cagoulard, que entonces trabajaba para los alemanes. Mientras tanto, para su uso personal, Mitterrand requisó un "edificio soberbio" en la calle Tilsitt, cerca del Arco del Triunfo. El avispado, el sin escrúpulos y el violento lo hizo bien. Muchas de las fortunas de posguerra comenzaron a hacerse en aquellos terribles meses junto a otros malos hábitos de postguerra.
Una de aquellas fortunas la hizo un antiguo camarada de la resistencia de Mitterrand y trabajador de la Renault, el financiero Roger Patrice-Pelat. En 1982, siendo presidente, Mitterrand ordenó a la Compagnie Générale d'Electricité comprar una compañia que pertenecía a Pelat. La compañía se evaluó en 60-65 millones de francos, pero la compañía eléctrica de propiedad estatal pagó 110 millones; los 50 millones de diferencia fueron a parar a Luxemburgo.
El año 2003 ha visto dos juicios por corrupción que han tenido amplia repercusión en Francia, uno relacionado con Elf, el otro relacionado con el partido gaullista el RPR. ¿Muestran estos juicios un empeño francés para acabar con la enfermedad? Desafortunadamente esto no está claro.
El juicio de Elf fue el Segundo en duración (el primero, ya mencionado, acabó con varios notables, incluyendo a Roland Dumas, condenados por malversación de fondos públicos). Los hechos constituyeron uno de los robos más grandes de fondos públicos - €400 millones, según Elf, sencillamente habían desaparecido-. El presidente del tribunal se concentró en los tres principales (había 37 acusados en total) y, por medio de preguntar a cada uno qué es lo que pensaba del testimonio del otro, parecía tener la esperanza de que unos se condenaran a los otros. Inevitablemente las versiones de los tres hombres diferían, se pelearon y se enfadaron unos con otros. Pero ¿era esto una cortina de humo? Ya que sumas enormes estaban en disputa e iban de arriba hacia abajo hasta que el presidente del tribunal admitió que estaba confundido, el tema de fondo fue obviado. ¿Quién se benefició de todo este dinero? Por ejemplo, 42 millones de francos de dinero público se gastaron en Cartier – 2 millones en un collar "para una mujer de un reino del Golfo donde habíamos hecho un buen negocio". Pero, ¿qué mujer? ¿Qué reino del Golfo? ¿Qué negocio? Uno de los acusados, Alfred Sirven, había jurado que tenía "información que podría hacer volar a la Republica". El juicio se convirtió en una batalla para ver si él o uno de los otros encendía la luz. El exdirectivo de Elf Le Floch-Prigent, pareció estar a punto un par de veces. Entonces se podría haber hundido de hombros y decir: "Oh, repartimos el dinero por igual a todos los partidos". Finalmente, conforme se incrementaba la presión, admitió: "Cada uno de los candidatos a la elección presidencial reclamaron su sobre". Bien, no hay muchos candidatos presidenciales, por eso, eso es tanto como decir los nombres – a no ser que durante el periodo en el que fue presidente ejecutivo no hubo elecciones presidenciales-. No más preguntas. A nadie se le escapó quién se había beneficiado del dinero que todavía no se sabía a cuanto ascendía. Las sentencias que condenaban a los implicados en este gran robo de dinero público provocaron menos comentarios que la derrota del equipo francés de rugby en Australia. Además de las condenas a prisión, el presidente del tribunal impuso multas por un total de €18 millones e impuso que €180 millones fuesen devueltos a Elf. Se recuperó la propiedad que en Francia se había adquirido corruptamente. Pero la mayoría del dinero se fue al extranjero, donde no se podía tocar. Ni aparentemente, nadie tocaría a los políticos que, nadie lo duda, fueron los principales beneficiarios del robo. Y los pagos ilegales hechos por Elf al principio de los 90, cuando Dumas era ministro de exteriores, para asegurar la venta de fragatas a Taiwán, probablemente nunca serán investigados: secreto de defensa.
El otro gran juicio de 2003 puso en el banquillo al ex primer ministro con aspiraciones a la presidencia, Alain Juppé. La existencia de un sistema para apropiarse ilegalmente de fondos públicos para pagar a empleados del partido de Jacques Chirac, el RPR, del cual Juppé era un diputado, es algo sin discusión. El propósito del juicio era establecer quién lo sabia y quién estaba en connivencia. Algunos de los puestos de trabajo ficticios eran del Ayuntamiento de París, donde Juppé era también el tesorero. Mientras que muchos testigos que era algo que sabía todo el mundo, Juppé estoicamente mantuvo que no sabía nada sobre eso. Los jueces tenían que pronunciarse en unas pocas semanas, por eso no sabemos a quienes creyeron, pero el hecho de que el fiscal pidiera una suspensión de la sentencia dice mucho sobre el modo en que el poder judicial ve la corrupción de la elite. Según Arnaud Montebourg, un luchador socialista contra la corrupción, dice: "Esto significa que alguien que vaya a más velocidad de la permitida puede ser condenado más severamente que Juppé, que según parece usó 25 millones de francos de dinero público para fines ilegales".
"El juicio de Elf es la culminación de una época," escribió Joly, que empezó a investigar la compañía en 1996. "Todos los signos indican que el país no seguirá adelante. Es como si la democracia francesa hubiese alcanzado el límite de las revelaciones que puede soportar".
El público francés, la prensa y los jueces están cansados, desde aquellos días 1996 cuando la policía barrió al amanecer los domicilios de los más grandes del país, a recientes imágenes de ancianos arrastrando los pies en el Palacio de Justicia para acudir a juicio, todo el mundo se ha desilusionado. Muchos de los jueces instructores que participaron en la batalla han abandonado. Ya no está bien visto hablar de corrupción en Francia. Por el contrario, los periodistas atacan la corrupción anglo-sajona y las lavanderías de dinero en los paraísos fiscales británicos.
Pero la corrupción debilita a un estado. Francia tiene una gran influencia en el mundo, aunque la honradez de muchos de sus líderes es cuestionable. En la última década, 900 representantes electos y 34 ministros han sido citados por los jueces (aunque muy pocos han sido condenados). Chirac puede proclamar los altos valores de su oposición a la Guerra de Iraq, aunque tensa la interpretación de la constitución de su propio país para evitar que la corrupción se investigue. (La constitución dice que el presidente es inmune por actuaciones en el ejercicio de su cargo, pero no dice nada sobre actuaciones anteriores a la llegada al cargo. Roland Dumas y el tribunal constitucional fallaron que la inmunidad era aplicable al pasado también. Dumas es un oponente político de Chirac pero supo que podría necesitar su ayuda en el caso Elf). La vulneración de la ley se ha convertido en un hábito nacional como hemos visto este otoño con la actitud francesa hacia el pacto de estabilidad de la UE. Está también el caso del banco más grande de Francia, Crédit Lyonnais, que se enfrenta a cargos en los USA por mentir sobre la adjudicación de una licitación en los 90 cuando era de propiedad estatal. La corrupción en la industria de la construcción francesa, también, significa que la política de adjudicación pública de la UE -en el que las compañías deben de tener igual acceso a los contratos- es un chiste que enfurece a las constructoras inglesas y a las de todos los países.
La corrupción sangra a un país. De los 18.000 millones de francos que costó construir las vías del tren de alta velocidad entre París y Bruselas, se dice que 1.200 millones de francos fueron para sobornos y desfalcos. Entre 1988 y 1996, las escuelas surgían como setas alrededor de Paris, pero de los 28.000 millones de francos que costó construirlas, los investigadores estiman que 560 millones de francos fueron a parar a las arcas de los partidos políticos.
Parece que algunos han sido castigados a raíz de las revelaciones de los últimos 10 años y algunas nuevas leyes se han aprobado, particularmente en el campo de la financiación de los partidos políticos que ha sido la causa de tanto desfalco. Aunque la corrupción en Francia continuará floreciendo, por la naturaleza de la sociedad francesa, y en especial, la estructura del sistema judicial francés y la prensa permiten a los individuos que se salgan impunes. La mayoría de la corrupción sucede en el sector público, cuyos accionistas muestran indiferencia total hacia los resultados de las compañías que lo integran siempre que el conjunto del grupo obtenga buenos resultados.
Más aun, la elite francesa no tiene equivalente en Inglaterra o América; la elite francesa tiene coherencia y unidad moldeada en las famosas, pero selectas, grandes écoles que después permiten ir desde dirigir un ministerio a dirigir una multinacional y volver. Esta impermeabilidad de la elite, ilustrada tan impresionantemente por los juicios por corrupción, puede ayudar a explicar el surgimiento de una política extraparlamentaria, antisistema en Francia en los últimos años. A la derecha, el Frente Nacional parece hablar por un sólido 15% de la población, y ahora la extrema izquierda y los antiglobalización juntan el 10%. Pero aún, la elite francesa no encuentra razones para cambiar.
"¡Esto es Francia, Madame!" El abogado se reía cuando vio que Eva Joly se conmocionaba más y más según las noticias salían del Palacio de Justicia. "¡Usted quiso cambiar Francia! Eso es imposible".
Su risa era contagiosa – Joly no se pudo ayudar riéndose también. Hasta que las lágrimas corrieron por sus mejillas.
Tim King es un escritor que vive en Francia.
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French favours
January 2004
A decade of corruption trials has chastened the French elite. But few heads have rolled and little has changed. What are the roots of French corruption?
Tim King
The business of uncovering corruption is not for the faint-hearted. In France, Eva Joly, the country's best known magistrate, lived under 24-hour police protection for six years: six years spent in the knowledge that someone out there was being paid to track her and, given the opportunity, kill her. Joly didn't investigate Colombian drug barons or mafia networks - her work took place in a country which is one of the world's most civilised. She was investigating corruption among French politicians, lawyers and company directors.
Corruption is usually a crime of the elite, of those with access to money and power. Since the mid-1980s, France has been intermittently convulsed by scandals which have crept ever higher up the country's social ladder. Those tainted by, if not convicted of, corruption have included Jacques Chirac, Alain Juppé, Roland Dumas and (godfather of them all) François Mitterrand. These are people who are educated in the same schools, and are bound by common values and ideas. They also, according to sociologist Pierre Lascoumes, share a conviction that they are above the law. Those who have actually been sent to prison for corruption (Bernard Tapie, Loïk le Floch-Prigent, Alfred Sirven) may have been government ministers or company directors, but they did not belong to that charmed circle of the French elite. It follows that those who fight corruption are usually outside the elite, and Eva Joly was the epitome of the outsider in the fight against French corruption.
Gro Eva Farseth arrived in France from Norway in 1964, aged 20, to study the language. She found temporary work as an au pair with the Joly family, part of the Parisian haute bourgeoisie, living in a hôtel particulier near the Luxembourg Gardens, and made the classic mistake of falling in love with her employer's son. "You mustn't marry this girl," wrote Dr Joly to his son. "Gro is not rich and is not likely to become so. We don't know her family. Think how coarse her features are. In our family, we have always had such fine looks." ("Gro" sounds like the French word for "fat.")
Despite this disapproval, Pascal Joly and Eva married. She had children and studied law in the evenings, sitting the entrance exam for the Ecole Nationale de la Magistrature aged 37. She was 50 before she joined the brigade financière in Paris. At that time, few magistrates volunteered to investigate fraud. "In my first interview," she wrote later, "the president of the tribunal told me, 'I've never understood these immense cases which drag on for ever. I imagine you chose fraud because you're Norwegian and Protestant.'"
During the next nine years, Joly rose to become, if you believed the headlines, the most feared woman in France. She reached the height of her fame in 1996, by which time some of the biggest names of French business and politics had been carted off to prison on her orders. The political elite, it was said, trembled at the thought of being summonsed by her.
For a period, the press loved her and the country united behind her. A handful of examining magistrates - young, dynamic warriors - were purging the corrupt old guard. Then Joly flew too high. As she opened what was to become France's biggest and most complex corruption case, the Elf investigation, she uncovered enormous bribes being offered by the then state-owned oil company, with government approval, to guarantee contracts with certain African heads of state. This had been a long established practice under governments of both left and right, but Joly found some hard evidence. Elf's business practices also brought Joly closer to home: some of the bribes paid by Elf during the 1992 purchase and construction of the former East German refinery at Leuna had apparently gone to the German CDU, Chancellor Kohl's party. It was alleged that Mitterrand, seeing Kohl slipping in the polls, ordered Elf to pay $15m into his election fund. Such accusations were too much for the French government, which lowered a curtain over Joly's work: the matter was declared secret défense, a state secret.
Public feeling for Joly also began to sour. In January 1998 she arrested Roland Dumas, president of the constitutional court, the fifth highest post in the Republic. The country was thrilled but uneasy. Was it right that France's most senior working lawyer, aged 75, be subjected to this indignity by a foreigner, and a woman? Part of the press turned. Or was it turned? After all, Joly and her colleagues were now accusing people who could pull strings at the highest level.
Like her father-in-law all those years before, the press began by attacking her appearance: the photographs chosen for publication now showed a grumpy middle-aged harridan, worn down by 18-hour days. She was the "former au pair," the "Viking" and the "Protestant." Her accent was mocked. A banker she was investigating refused to answer questions unless they were "in proper French."
Sections of the press pilloried Joly for being obsessed by Dumas's shoes and his mistress, instead of going for what they saw as the real issue: Dumas's possible connection with illegal commissions on the sale of French frigates to Taiwan. But Joly knew that the frigates were a trap: secret défense would be invoked. In January 2001, Dumas went on trial on charges of receiving misappropriated public property, and was found guilty. That vindicated Joly and shocked France. The fact that he got off on appeal - he claimed he had not known that the gifts his lover was showering on him were bribes from Elf - surprised no one in the legal profession. Joly succeeded in putting some other notables behind bars, but none were part of the inner Paris elite. By the time of Dumas's acquittal in January 2003, Joly, overloaded with 90 other cases, few of which would ever succeed, had thrown in the sponge and gone back to Norway.
France's inquisitorial system is very different from the English accusatory one, and some French examining magistrates say that it protects those in power. When a crime is suspected, no investigation may begin without the written consent of a prosecutor. If he decides there will be an investigation, he appoints an examining magistrate. The French examining magistrate has nothing in common with the English magistrate (an unpaid justice of the peace who ensures the proper functioning of the law at its primary level). The French magistrate is a legally trained "detective" with enormous power. He or she can summon anyone in the land, except the president, and keep a suspect in prison for months without trial. (It was revelations about the state of the French prisons experienced by members of the elite awaiting trial in the late 1990s that helped to tip public opinion against the magistrates.) The constitution demands that the examining magistrate be independent. But the person who gives the magistrate his cases, the prosecutor, is not independent. His career depends on maintaining a good relationship with his superiors in the ministry of justice. If he gets the feeling that the ministry would prefer a particular case not to come to court, he can split it into two or more components, allocating each to a separate magistrate, possibly in different parts of the country. According to Renaud van Ruymbeke, one of France's most experienced magistrates, this saucissonnage is the reason we never hear of some very important cases.
When opening an investigation, the prosecutor defines its parameters and the examining magistrate must not go beyond them. If, during an investigation into a false invoice for €10,000, the magistrate discovers other invoices, he can't look into them, seize evidence or interview suspects without further permission from the prosecutor. In a politically sensitive case, his request will almost certainly be taken to the justice minister, who can sit on it for a few weeks and then simply refuse it. At no time is anyone obliged to say why they have made a particular decision.
While waiting, the suspect has time to destroy evidence, move his money and even flee the country. Joly used to get round this by taking a portable fax machine with her on searches. If she found evidence of other crimes, she would fax details to the prosecutor for approval, with the added advantage that the evidence was recorded. But the magistrate's dependence on the prosecutor means that politicians retain a big influence over investigations.
In 1971, when François Mitterrand created the Socialist party, there were no laws controlling the way political parties raised funds. His party was committed to modernising and rebuilding France - hospitals, police stations, town halls, schools. Each local authority would need expert help, so the party set up a building consultancy, Urba, to advise on the site, propose the architect and vet all tenders. For this service, Urba took around 3 per cent of the total cost. The money thus raised was split: 40 per cent for Urba's running costs, 30 per cent for the Socialist party and 30 per cent for the elected representative who had procured the contract.
Urba was conceived as a way of siphoning public money into party coffers and private pockets. The system worked well, and grew rapidly as the demands of the party increased and elected representatives became greedier. Sixteen regional offices were set up, plus various lesser companies and fronts to conceal their activities from the taxman and the police.
Ten years later, François Mitterrand was elected president, the left had a majority in parliament and thousands of town halls had Socialist mayors. Urba flourished. If Mitterrand is remembered for his grandiose building projects, they weren't merely for the greater glory of France. Although Urba was discreet, its illegal practices were suspected by some. A couple of investigations were started, only to be blocked by the ministry of justice before much could be revealed.
By 1987, Urba was collecting 123m francs a year. When Mitterrand was re-elected the following year however, there were enough investigators nibbling at the party faithful for him to grant amnesty, as part of his victory celebrations, to all elected representatives (including himself) then being investigated for financial misdemeanours. Magistrates and police officers who had been pursuing a corrupt mayor or MP found years of work wasted. One can understand why most magistrates were not interested in financial cases. It was left to a couple of police officers to uncover, almost by accident, what we know about Urba.
Two Marseille policemen, Antoine Gaudino and Alain Mayot, had been investigating since 1986 a one-man building firm which had been receiving disproportionately large payments from national building consortia. The che-ques were turned into cash - 15m francs in all - which then disappeared. Three years of investigation had led Gaudino and Mayot to various dead ends. The people they interviewed were senior managers who were prepared to go to prison rather than reveal who received this cash. In April 1989 the investigation briefly touched on the Marseille office of Urba. Expecting little, they were searching for invoices when Gaudino found in a drawer four school notebooks. They contained a record of every internal meeting of Urba. "We read in black and white, in simple, clear terms the description of Urba's real activities," Gaudino later wrote about the discovery. "It was the Socialist party's back office, created to collect money through a system of bribery and corruption organised on a national scale. The 'commissions' paid to Urba as settlement of phoney 'studies' were the heavy tribute which building firms had to pay in order to get public sector contracts." At one point the notebook stated that in January 1989, at Socialist party headquarters in Paris, one of Urba's protégés was told he would be awarded the contract to build the tunnel under Marseille - on condition that he give Urba a backhander of 5.7m francs. A fortnight later Marseille town council ratified his nomination.
However, these notebooks could play no part in Gaudino's investigation of the builder. Before he could remove them from the Urba office, a new inquiry had to be authorised. And then, inevitably, the order came from the prime minister's office to halt the investigation. But Gaudino had first managed to go through the evidence carefully - all 84 boxes of it. Among other things he found proof that in 1988 Urba dropped 24m francs into Mitterrand's election campaign coffers, months after the Socialists themselves had passed a law making such contributions illegal. He distilled the evidence into a 24-page statement, which was handed to the prosecutor, who sent it straight to Paris. For a month there was silence. Then a copy got into the hands of the Canard Enchainé. Urba became front-page news. Finally, Mitterrand responded. In 1990, he announced another amnesty. All wrongdoings connected with party finance, including the funding of the presidential campaign, were wiped off the slate.
Gaudino immediately wrote a book about the investigation: L'Enquête Impossible. The facts shocked France and were so detailed that the government was forced to open a series of investigations, which led to various businessmen and mayors of large towns being sent to prison. Antoine Gaudino, meanwhile, was sacked from the police force.
He paid with his job, but Gaudino had forced the lid off the illegal funding of France's ruling political party. His investigation opened a series of ongoing battles between the judiciary and the elite which have become a staple part of French life. The word "corruption" has embedded itself in the French soul as surely as "occupation" did 60 years ago.
One of the key factors in public perception of corruption - for good and bad - has been the press. The French press is in theory freer than the British or American, since it is not bound by sub judice, but in practice it is less free since it owes greater allegiance to elected leaders. The French press receives grants, direct and indirect, from government. Until the mid-1980s there was tacit complicity between journalists and elected politicians - and, at a higher level, between media owners and government. Tentatively, a few journalists broke the silence. In 1983, Pierre Péan wrote about the unhealthy relationship between Paris and west Africa; and in 1985, the blowing up of the Greenpeace ship, Rainbow Warrior, by French agents could not be ignored. But as long as they kept a respectful distance from President Mitterrand and his family, particularly his illegitimate one, the young journalists were tolerated. Then shared interests began to bring magistrates and journalists together and their idealism gave the anti-corruption cause its impetus. Tales of corruption sold copy; fame brought the magistrates strength. For a while both sides prospered.
Then the climate began to change. Some magistrates allowed their passions and political prejudices to get the better of them. And some journalists, frustrated by delays in the legal system, and not hobbled by sub judice, began anticipating a star magistrate's next move. They grabbed headlines by announcing a search before it happened, thus giving the suspects time to destroy evidence. Investigations became media events. Magistrates became less co-operative, so certain journalists began blackmailing them, threatening to publish their mistakes or to release privileged information to defence lawyers. Joly was a victim of such tactics. During her investigation of Roland Dumas, he gave a long interview to Le Figaro the day before a heavy interrogation, establishing in advance his version of events.
At the same time individual press titles - Le Figaro, L'Express, TF1, Paris Match - were bought by big industrial groups: Lagardère, Dassault (armaments) and Bouygues (construction). "Businessmen, some of whom had already been fingered for corruption, moved their money into the media, knowing that no editor will publish defamatory material about one of the group's major shareholders," Gaudino told me. Articles began defending the poor victimised businessmen, attacking the unpatriotic magistrates (although some publications did continue digging, despite the change of ownership).
But even at their most powerful, journalists were only printing what the magistrates had told them. Rocking the boat with independent investigations is not part of the salaried journalist's job, and those working freelance lay themselves open to being sued - Denis Robert's recent book Révélation$ about the Luxembourg-based clearing house, Clearstream, has 20 libel cases against it, Gaudino's second book, The Mafia of Business Tribunals, has 43.
A friend of mine, Norbert, runs a vineyard in the Languedoc. For 30 years his family have sold wine to the local supermarket. In May 2003, the manager of the wine department changed his mind. My friend went to find out why. "I'll take it if you give me 5 per cent at year's end," said the manager. When Norbert protested, the manager waved his arm round the supermarket: "Everything you see here - from yoghurts to light bulbs - every producer pays a commission to get his product on the shelves."
Most Frenchmen recognise that corruption begins at local level. "I've never offered a single envelope to get a contract," says a builder, quoted in the magazine Capital. "But free swimming pools, oh yes, I've made those. Dozens of them." And bathrooms, even whole houses - this one for a mayor, that one for a local official. It's almost impossible for a builder to land a major contract without greasing a few palms. Similar things happen in many countries, but France has 36,777 mayors - powerful and untrained. The classic scenario is a small-town mayor needing money for his re-election campaign. He goes to a local builder and they dream up a fictitious building project for which the builder invoices the mayor. The mayor draws that money out of the municipal coffers and uses it to pay for his campaign. The builder is rewarded with a real project after the election.
In France, someone convicted of embezzlement or bribery is not ostracised by his compatriots. Following the disclosures about Socialist party financing, the treasurer, Henri Emmanuelli, was sent to prison. That in no way hindered him from being re-elected to parliament when he was released. Indeed, since bribery is considered essential for lubricating a deal, corruption-busting magistrates can find themselves accused of harming French business interests. They are also accused of swelling the National Front - Le Pen's party claims that the "true France" is squeaky clean and laps up voters disillusioned by what they read of corruption in other parties.
Corruption exists in all countries, rich and poor. Does it have distinctive roots in France? According to the writer Edmonde Charles Roux, "the Mediterranean people have a conception of honesty which is peculiar to them." In the case of France there are two aspects of all this which seem to be fundamentally different from life in Britain.
The first is the attitude to money. The British have a fairly clear view (which has been called Protestant) that money is a tool. There is nothing wrong with it in itself, but there is good money, earned by hard work, and bad money gained through greed or dishonesty. At the root of the French attitude is the Catholic view that money is tainted by sin. Yet money is necessary and since corruption is only an abuse of something already sinful, it doesn't matter too much.
That historical, Catholic view, is overlaid by the Republican rejection of all things Catholic (partly because the Catholic church itself was seen as corrupt). According to Republican logic, the term "morality" smacks of the church, so calling a politician immoral is off limits because it mixes state with church, which is forbidden by law. Republicanism has also led to a conviction that the state will foot the bill - for anything. The result in France is a confused way of thinking about money, marked by suspicion and reticence when talking about it.
The second basic difference concerns the French attitude towards politicians. In France, politics is about strength and l'art de paraître. The French don't condemn their leaders' immoral actions if they are for the common good. At one of his trials former minister Bernard Tapie admitted he had committed perjury. "But I lied in good faith," he added. "Better the dishonest minister than the stupid one," says barrister Jean-Pierre Versini-Campinchi, who is defending François Mitterrand's son in an arms trafficking case. The French do not share the notion that a politician should, personally, set a good example.
Some say the current spate of corruption in France began in the 1970s with the creation of Urba and the rise in oil price (to pay for the oil, France became involved in selling arms and nuclear components to such customers as Iraq, Angola and Gabon). But French corruption can be traced to Colbert and even further back. The Third Republic was notoriously open to bribery, yet some of the seeds of today's corruption were more likely sown when Mitterrand's generation came of age during the second world war.
At the beginning of the war, the 23-year-old future Socialist president was firmly on the Catholic right wing. At least two friends of his were members of the Cagoule, a secret society seeking to install a fascist state in France. In 1940, serving as a soldier, Mitterrand was captured by the Germans and spent 18 months as a prisoner of war, before escaping and getting a job as a civil servant in the Vichy government. For most of the war Mitterrand was pro-Pétain and furiously anti-de Gaulle. Early in 1943 he was given a medal for loyalty by Marshall Pétain (a fact he denied for most of his life). But late that year he visited London and Algiers and, seeing which way the wind was blowing, shifted away from Vichy towards de Gaulle.
By the summer of 1944, with the Allied advance from Normandy, France was torn apart by civil war. Tens of thousands of French men and women were killed by their compatriots. Property was seized "in the name of the resistance." Since wealth was associated with collaboration, private fortunes were stolen by those bold enough to seize the moment. Mitterrand was keen to get possession of a particular office building close to the Opéra in Paris. It was occupied by a German commissariat, whose director was a Frenchman by the name of Moreau. At 11am on 20th August, five days before Paris was officially liberated, Mitterrand walked into the main office with three colleagues and stuck a revolver into Moreau's chest. When Moreau asked him what he wanted, Mitterrand replied: "For you to get out!" Moreau coolly told Mitterrand that he had no legal right, Mitterrand replied: "Monsieur, il n'y a pas à discuter: c'est la révolution!"
At midday, having established his own armed guards in the lobby, Mitterrand cycled off to lunch with the mother of Jean Bouvyer, the most active of his old fascist Cagoulard friends, then working for the Germans. Meanwhile, for his personal use, Mitterrand requisitioned a "superb building" on the rue Tilsitt, close to the Arc de Triomphe. The quick-witted, the unscrupulous and the violent did well. Many postwar fortunes were started during those terrible months, along with many other postwar bad habits.
One of those fortunes was made by Mitterrand's resistance comrade and former Renault worker, the financier Roger Patrice-Pelat. In 1982, as president, Mitterrand ordered the Compagnie Générale d'Electricité to buy a company owned by Pelat. The company was valued at 60-65m francs but the nationalised electricity company paid 110m for it, the 50m or so difference finding its way to accounts in Luxembourg.
The year 2003 has seen two much publicised corruption trials in France, one involving Elf, the other the Gaullist RPR party. They surely demonstrate a French commitment to stamp out the disease? Unfortunately it is not so clear cut.
The Elf trial was the second in a long-running series (the first, mentioned earlier, ended up with various principals, including Roland Dumas, being found guilty of dishonestly using public money). Its subject was one of the world's largest thefts of public money - €400m, according to Elf, had simply disappeared. The tribunal president concentrated on the three principals (there were 37 accused in all) and, by constantly asking each one what he thought of the others' testimony, seemed to be hoping they would condemn one other. Inevitably the three men's versions differed, they bickered and got openly angry with each other. But was this a deliberate smokescreen? As enormous sums were disputed backwards and forwards until even the tribunal president admitted he was confused, the real issue was buried. Who benefited from all this money? For instance, 42m francs of public money was spent at Cartier - 2m on a necklace "for a woman in a Gulf kingdom where we'd done a good deal." But which woman? Which Gulf kingdom? Which deal? One of the accused, Alfred Sirven, had promised he had "information which would blow the Republic apart." The trial became a battle of wills to see whether he, or any of the others, would light the fuse. Elf's ex-chief executive Le Floch-Prigent, seemed on the brink a couple of times. Then he would just shrug and say, "Oh, we spread the money out equally to all the parties." Finally, as though bowing to pressure, he admitted: "The candidates for the presidential election each demanded his envelope." Well, there aren't that many presidential candidates, so that's as good as naming names - except that during his tenure as chief executive, there was no presidential election. No further questions. And no one was much the wiser as to who had benefited from the money still unaccounted for. The sentences passed on those involved in this enormous theft of public money have excited less comment in the press than, say, the defeat of the French rugby team in Australia. As well as prison sentences, the president of the tribunal imposed fines totalling €18m and has demanded that €180m be repaid to Elf. Property in France corruptly acquired has been seized. But most of the money went abroad, where it cannot be touched. Nor apparently will they touch the politicians who, no one doubts, were the main beneficiaries of the theft. And the illegal payments made by Elf in the early 1990s, while Dumas was foreign minister, to ensure the sale of frigates to Taiwan, are unlikely ever to be investigated: secret défense.
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[prospect-magazine.co.uk] ************************
Paz Digital, 04-06-2004. Recuperado. |
Escrito por El lector: el 20/05/2006 19:26:06
Sorpresas te da la vida....! ¡La pinta de hombre serio que tenía Mitterrrand.....! | arenas
Escrito por El lector: el 20/05/2006 21:36:45
MARIANO FERNANDEZ BERMEJO INSTRUYENDO UN SUMARIO....? | Ministra Avispa
Escrito por El lector: el 20/05/2006 21:51:26
Lo ideal para un gobierno corrupto es que sean los fiscales quienes instruyan los sumarios, así no habrá nada que cribar. Que diferente hubiese sido la sentencia de los policias de la detención ilegal y de la falsificación de pruebas si la instrucción la hubiese llevado un fiscal.
Y que distintas hubiesen sido las sentencias de los GAL, Fondos reservados si dicha instrucción las llevase el amigo de Felipe Bacigalupe.
Y que tranquilo estaría Otegui si la instrucción en vez de llevarla Marlaska la llevase Conde Pumpido como pide él.
Para un gobierno corrupto lo mejor que instruyan loas fiscales. Cuando un gobierno tiene mucho que esconder, quiere el control de todo.
Los derechos individuales no tienen importancia, lo importante es salvar al muñeco. | Deleito
Escrito por El lector: el 20/05/2006 23:30:23
Eso estaría bien en el caso de Fiscales de la categoria e integridad de un Quintano Ripolles o de un Ibañez Garcia- Velasco..... |
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