Lo anterior viene a cuento de lo siguiente: la Constitución fue deliberadamente ambigua respecto al hablar de Nacionalidades y Regiones. ¿Qué nacionalidades? ¿Qué regiones? ¿Culturales? ¿Geográficas? ¿"Naturales" en el sentido en el que lo son las comarcas en Geografía Humana? ¿Administrativas?

Al no aclararlas, estaba claro que eran esto último: administrativas. Las regiones administrativas tienen una base arbitraria y cambiante. De hecho, hubo un tiempo en que, dentro del mismo régimen de Franco, la región de León pasó de tener cinco provincias a tener tres. Perdió Valladolid y Palencia. También en tiempos anteriores hubo una quinta provincia gallega.

Lo que la Constitución no derogó, lo que admitió como base de la ordenación territorial, fueron las provincias.

La Constitución de 1978 NO DIJO CUÁLES ERAN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Lo que hizo fue determinar el proceso según el cual iban a formarse:

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
TÍTULO VIII. De la Organización Territorial del Estado
CAPÍTULO TERCERO. De las Comunidades Autónomas
Artículo 143
1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos.
2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.

En la práctica, la expresión "características históricas, culturales y económicas comunes" es un saco donde cabe todo, una fuente de interpretaciones subjetivas que por lo tanto no impedía nada. La expresión "provincias con entidad regional histórica" era otra vaguedad sin valor alguno. Los tribunales no entienden ni de entidad regional ni de lo histórico, por lo cual no iban a declarar inconstitucional la ruptura de esa vaga expresión. Lo demuestra el hecho de que La Rioja (antes Logroño) y Madrid, que nunca habían sido regiones, pudieron constituirse como Comunidad Autónoma.

El único criterio objetivo que imponía algo y que vedaba algo era, y es, la expresión "PROVINCIAS LIMÍTROFES".

En suma: la Constitución permitía a las Diputaciones (como entidades políticas de LA PROVINCIA que son) que negociaran unas con otras para ver quién se juntaba con quién. "Limítrofe" es una expresión que permite la expansión de la negociación, porque si León limita con Palencia, Palencia limita con Burgos y Burgos limita con Soria, León y Soria podían acabar formando parte de la misma Comunidad Autónoma, aunque no fueran limítrofes.

La formación de las Comunidades Autónomas se dejó, pues, al albur de unas diputaciones que negociaron después de aquel momento lo que les dio la gana. Es decir: la existencia de las Comunidades Autónomas actuales se debe a una negociación que los políticos hicieron a espaldas de los ciudadanos, por lo cual conviene relativizar aún más su valor "histórico". Sabemos que los ciudadanos dijeron más tarde amén a todo, pero es que para esos ciudadanos de entonces, cualquier cosa que fuera salir del régimen franquista era un bien sin mezcla de mal alguno. Habrían firmado todos los cheques en blanco que les hubieran puesto por delante, porque no tenían ninguna experiencia democrática y por ello ignoraban los métodos con los que la demagogia esclaviza a la democracia.

Siendo así de arbitraria y momentánea la formación de las Comunidades Autónomas que existen desde entonces, la Constitución debía haber previsto igualmente los mecanismos de la vuelta atrás. Podían haber sido medidos, cautelosos, rigurosos, con garantías de que no causarían inestabilidad constante. Pero deberían haberse prevenido, y no hay nada en la Constitución que hable de ello.

¿Qué pasa, por ejemplo, si los habitantes de Teruel no quisieran pertenecer a una Comunidad Autónoma que niega el agua a otros españoles? ¿Deben verse encadenados para siempre por una negociación concreta que no conocieron? ¿Tienen derecho a haber comprobado que esa unión los asocia a una actitud cainita y les hace cómplices de lo que se decida en Zaragoza? Según la Constitución, no tienen derecho. Muy mal por la Constitución. ¿Por qué la Diputación de Teruel no sigue teniendo el mismo poder que tuvo cuando decidió unirse a Aragón?

Y ahí llegamos a la base del asunto. Se decidió en 1978 que habría Comunidades Autónomas sólo para contentar a los partidos nacionalistas vascos y catalanes de aquel momento. Tras la capa de "café para todos" se escondió lo que a ellos les interesaba en concreto: el control de la educación y del orden (y por ello del desorden) público. Los aspavientos actuales sobre el Plan Ibarreche son extemporáneos e hipócritas, llegan muy tarde: los ponentes de la Constitución del 78 escribieron la mayor parte ese plan, establecieron la distinción étnica de sospechosas resonancias hitlerianas entre las comunidades "históricas" y las "no históricas", y unos medios de comunicación cómplices en el gran engaño consiguieron lo aparentemente imposible: convencer a la mayoría de la población española de que antiguas marcas o provincias eran "nacionalidades históricas", mientras que los históricamente reinos pasaban a ser considerados tan sólo regiones.

A continuación, se dedicaron a poner palos en las ruedas de "las otras" Comunidades Autónomas (las "regiones"), a impedir su desarrollo autonómico al mismo ritmo que el País Vasco y Cataluña, de manera que se percibiera claramente una diferencia de trato según el lugar de residencia que es frontalmente opuesto al principio de igualdad de cualquier Estado de Derecho.

En suma, el Plan Ibarreche lo escribieron en su mayor parte potencialmente los padres de la Constitución, y lo han desarrollado ya políticos de esos mismos partidos. Por eso Fraga ha acabado de patriarca de la Comunidad Autónoma Gallega. En 1978 estaba escribiendo su futuro retiro. Así cualquiera.

Lo único que falta por hacer del Plan Ibarreche, el meollo del asunto, es, aparte de que se vayan de allí la policía y la guardia civil, la autonomía judicial. Si un tribunal vasco es la última instancia recurrible, se dan las condiciones para que los delitos habidos en el País Vasco sean enfocados desde una óptica nacionalista, no individual como es lo lógico en el Derecho. El concepto de delito puede cambiar radicalmente según esa óptica. Los asesinos pueden ser considerados "luchadores"; los prevaricadores, "protectores del pueblo milenario". Si hemos visto que a los terroristas se les encarga la vigilancia sobre el cumplimiento de los derechos humanos, ¿cómo pretenden que nos fiemos ya de su buena intención, de su honradez, cuando lleguen a dominar el poder judicial?

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