El Gobierno impulsará una base de datos policiales común con indentificadores obtenidos a partir del ADN y un mayor control de las tarjetas telefónicas de prepago, según se recoge en sendos anteproyectos de Ley que hoy estudió el Consejo de Ministros y que ahora se someterán a los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Agencia Española de Protección de Datos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que estos proyectos pretenden luchar contra el crimen y la prevención del delito, ya que la seguridad de los ciudadanos, añadió, es uno de los "ejes prioritarios" del Ejecutivo.
De la misma manera, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó que el "denominador común" de estas iniciativas es "mejorar la eficacia" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a la hora de cumplir su tarea en la lucha contra la delincuencia, la inmigración ilegal y el terrorismo.
COMUNICACIONES ELECTRONICAS
Por su parte, el anteproyecto de Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, que incorpora al ordenamiento jurídico una Directiva comunitaria, establece la obligación para los operadores de este tipo de servicios de conservar ciertos datos generados en cualquier tipo de comunicación electrónica (telefonía móvil y fija e internet) y de entregarlos cuando se les requiera para la investigación, detección o enjuiciamiento de delitos.
Los datos que deben retenerse en ningún caso revelarán el contenido de la comunicación y sólo se conservarán los necesarios para identificar su origen y destino, la hora, fecha y duración, el tipo de servicio y el equipo de comunicación utilizado por los usuarios. Dichos datos deberán conservarse durante doce meses, desde la fecha en que se haya producido la comunicación.
TARJETAS PREPAGO
Además, el texto prevé instrumentos para controlar los datos procedentes de teléfonos móviles activados mediante la modalidad de tarjetas prepago. En concreto, se establece la obligación de los operadores de dicho tipo de tarjetas de llevar un libro-registro con la identidad de los compradores y de conservar los datos correspondientes durante ese mismo período --doce meses-- desde que se active la tarjeta.
Además, se fija un plazo de seis meses para que los operadores de estos servicios realicen, a su costa, las adaptaciones técnicas precisas para proceder al cumplimiento de las obligaciones de conservación y cesión de datos contenidas en el anteproyecto.
La puesta en funcionamiento de esta propuesta exige la implantación en las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil de un sistema informático para el almacenamiento y gestión de la información recibida de los operadores, así como el establecimiento de canales de comunicación de datos con los mismos, todo lo cual se ha valorado en unos tres millones de euros, que se financiarán con cargo a los presupuestos del Ministerio del Interior.
El ministro de Interior aseguró que el objetivo es acabar con la "opacidad" de las tarjetas prepago, que son utilizadas habitualmente por los delincuentes para sus comunicaciones. "Se trata de acabar con la opacidad y en la España reciente hay desgraciadamente un ejemplo notable de esto", dijo, en referencia a los atentados del 11-M. [Europa Press]
Más bien se diría que el objetivo es acabar con la privacidad y generalizar el espionaje a las personas poco gratas al PSOE, como sucedía en los tiempos de Felipe González y Narcis Serra. Porque el 11-M no vale mucho como ejemplo. Centenares de conversaciones grabadas, identidades perfectamente conocidas, y el 11-M sucedió.
Por otra parte, los delincuentes, igual que ponen bombas, son capaces de conseguir DNIs falsos para mostrar a las empresas de telefonía. La medida, pues, no va dirigida contra los delincuentes, sino contra las personas decentes.
Tendrán que buscarse otra excusa.
Paz Digital, 08-09-2006
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