¿Se imaginan que en lugar de 6 metros cúbicos por segundo, el río Tajo pase por Aranjuez con el doble o el triple de caudal ecológico? Basta con ese simple cambio para hacer prácticamente inviables los envíos de agua a la cuenca del Segura, ya que técnicamente apenas quedarían excedentes en los pantanos de Entrepeñas y Buendía, cuyas aportaciones históricas además van a la baja. Para eso habrá que modificar primero el Plan de Cuenca del Tajo -ya se está en ello, como en el resto de cuencas- y aplicar con criterios hiper ecológicos la Directiva de la UE, que da de plazo hasta el año 2015 para que todas las masas superficiales de agua estén en perfecto estado medioambiental. Esta fecha no es, pues, una casualidad; ni tampoco todo lo que se deriva de esta operación de acoso y derribo del acueducto; como ha advertido Francisco Cabezas, anterior subdirector general de Planificación Hidrológica.

MARCAR EL PASO A ZAPATERO

Controlar hasta bancos de agua

Esta hoja de ruta está fijada punto por punto en la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha pactada por el PSOE y El PP. Por José María Barreda y María Dolores de Cospedal. Invadiendo abiertamente las competencias exclusivas del Gobierno de la nación -en cuanto a la planificación hidrológica y la gestión de los ríos que discurren por más de una comunidad autónoma- los partidos castellano-manchegos han suscrito una Disposición transitoria en su Estatuto que le dice al Estado lo que tiene que hacer para liquidar el Trasvase. Van más allá, puesto que pretenden controlar incluso los futuros bancos de agua.

No insta ni solicita, sino que directamente le marca al Gobierno central los pasos, a lo militar. Primero: que el Tajo-Segura se liquide en el 2015, y que en los 9 años que quedan se reduzcan progresivamente los desembalses. Segundo: Que en la cuenca del Segura se aceleren las desalinizadoras («infraestructuras de generación de agua», le llama). Tercero: Que se reestructuren los usos del agua en la cuenca del Segura, sobre todo en los regadíos, «de acuerdo con la oferta de agua disponible» (o sea, arrancar arbolado). Cuarto: Que el nuevo Plan de Cuenca del Tajo recoja todas las necesidades y derechos de Castilla-La Mancha, a la vez que reduzca los caudales trasvasables. Y quinto: Que cualquier propuesta de trasvase, cesión o intercambio de agua -se incluyen los futuros bancos- debe contar «con un informe preceptivo y determinante» de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Ni el Tripartito catalán fue tan lejos en sus exigencias para controlar el Ebro, que fueron modificadas y corregidas por las Cortes, ya que eran inconstitucionales.

Para alcanzar sus objetivos, el futuro Gobierno de Barreda o de Cospedal tendrá que controlar primero los órganos de gestión de la Confederación Hidrográfica del Tajo e imponer sus criterios para eliminar todos los sobrantes que puedan venir al Segura.

Pretenden incluso invadir competencias de otras regiones, ya que Aranjuez, cuyo caudal ecológico es utilizado para socavar el Tajo-Segura, no pertenece a Castilla-La Mancha, sino a Madrid.


LO QUE NO SE DICE

Ambigüedad y mentiras

El Gobierno de Barreda y los partidos de Castilla-La Mancha están manejando el victimismo territorial a la perfección, evitando a toda costa el debate técnico que ofrece otra cara muy distinta. Por un lado, se confunde a propósito e intencionadamente la cabecera del Tajo con el río Tajo en su totalidad. Las necesidades de la cabecera, del Alto Tajo, se limitan a los usos consuntivos y medioambientales desde el tramo que va de Sacedón a Aranjuez, y no más. Por lo tanto, los 1.000 kilómetros del río Tajo no se alimentan de la cabecera en absoluto. Es más, las aportaciones de agua al cauce principal son mucho mayores y más regulares desde el Jarama, Alberche o Tiétar. Baste decir que en la frontera con Portugal hay unos excedentes oficiales de 9.000 hectómetros cúbicos al año.

Frente a esta evidencia técnica, se opta por centrar toda la tensión en la parte políticamente más conflictiva y que siempre ha proporcionado una abultada cuenta de votos a José Bono.

En esta polémica existe otro elemento que se deja de lado, como es la posición de los gobiernos de Madrid y de Extremadura, que ocupan juntos mucho más territorio del Tajo que Castilla-La Mancha, como recuerda el reciente informe encargado por el PSOE murciano. Pues ni Madrid ni Extremadura se han pronunciado hasta ahora en contra del acueducto; mientras que Barreda y de Cospedal «se arrogan el derecho» de querer decidir por toda la cuenca.

Otra confusión favorable a los intereses de Barreda, y que el Gobierno central (socialista) permitió que así quedara reflejado, consiste en ligar todas las necesidades de Castilla La Mancha a las disponibilidades de agua del Tajo, cuando es conocido por todos que esta comunidad cuenta además con caudales de las cuencas del Guadiana, Júcar e incluso del Ebro.

DIRECTIVA PARA TODOS

Cultivos que devoran agua

La Directiva Marco del Agua suscita otras consideraciones. En primer lugar, que el río Segura tendría preferencia en un tratamiento de choque para recuperar el estado de sus agua, habida cuenta de su déficit estructural. Y en segundo lugar, que si se aplica a rajatabla tanto el principio de recuperación de costes como la optimización de los usos del agua, Castilla-La Mancha saldrían claramente perdiendo. Por un lado tiene una agricultura altamente subvencionada por la UE y que además consume ingentes cantidades de agua, principalmente en maíz. Por otro lado, sus sistemas de riego son precarios todavía: como ejemplo sólo tiene un 2% de riego localizado; frente al 62,4% en Murcia. A la vez que predominan el riego por aspersión y a manta, en un 44,6 y un 52,1% respectivamente.

Asimismo, tiene un grave problema con los cientos de miles de pozos ilegales que han secado el Acuífero 23 y arrasado el parque nacional de Las Tablas de Daimiel (véase la ley 13/1987 del Gobierno de Felipe González).


LAS LEYES DEL TRASVASE

Cifra a su antojo

Para que Castilla-La Mancha (lo mismo vale para Aragón) consigan sus pretensiones sobre el agua, no sólo habrían que cambiar muchas leyes, sino incluso la Constitución. En lo que respecta al Trasvase Tajo-Segura, éste tiene el manto jurídico de la ley 21/1971 sobre su aprovechamiento; la ley 52/1980 sobre su régimen económico; el Real decreto 2539/1985 sobre el régimen de explotación; el Plan de Cuenca del Tajo; la Ley de Aguas de 1985 y la Ley del Plan Hidrológico Nacional, que en su última modificación señala expresamente que antes de revisar los caudales trasvasables al Segura deben estar garantizados todos los recursos hídricos en la cuenca del Segura. No sólo esto, sino que de acuerdo con la leyes anteriores y sus reglamentos, Castilla-La Mancha tiene que justificar primero sus nuevas demandas de agua y la procedencia; que no puede ser exclusivamente del Tajo puesto que está bañada por cuatro cuencas. No se pueden aumentar las demandas y usos de forma gratuita. Ya lo advirtió Cristina Narbona: La revisión a la baja del Tajo-Segura sólo puede producirse por las nuevas demandas (justificadas) o por el cambio climático; y siempre que se cubran las necesidades del Segura.

En realidad, esa revisión a la baja ya ha empezado con el nuevo trasvase a Ciudad Real; la materialización del decreto del ex ministro José Borrell del verano de 1995. Un trasvase del Tajo al Guadiana encubierto, para empezar de 50 hectómetros anuales, que se restarán de la cabecera. Un ejemplo claro de la identificación interesada de toda Castilla-La Mancha con el río Tajo.

Asimismo, el planteamiento de Barreda y De Cospedal es a la postre confuso: ¿Para qué se quiere toda el agua de la cabecera del Tajo? ¿Para cumplir la Directiva Europea; o para las nuevas demandas urbanísticas y de la población del Corredor de Henares y otras zonas próximas? Si fuera lo último, ¿va a crecer esa población a corto y medio plazo en 6 millones de habitantes, el equivalente a los 620 hectómetros nuevos que exige Barreda, según un documento que hizo público en el verano del 2004?


EL VETO EN TVE

Barreda no quiere debate

Sin invitados incómodos en el plató, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, cargó el pasado viernes en el programa Enfoque de La 2 de TVE contra el Trasvase Tajo-Segura que ligó al franquismo. Se habló muy poco del asunto del programa, que versaba sobre si había que penalizar el consumo excesivo de agua. Finalmente no acudió ningún representante del Ministerio de Medio Ambiente (ni Jaime Palop ni Antonio Serrano), ya que no estuvo de acuerdo con las imposiciones de Barreda, que además dejaron fuera del programa al diario La Verdad.

Barreda no descubrió nada nuevo, pero utilizó el altavoz de la televisión pública para atacar al acueducto, sin nadie enfrente que pudiera explicar la situación real de la cuenca del Segura, que es el principal banco de pruebas de la política hidrológica del Gobierno socialista.

Publicado por MANUEL BUITRAGO en La Verdad

Paz Digital, 12-11-2006

Puede comentar el tema. No necesita registrarse.
Nombre:	Usuario no registrado
Usuario:
BBCode:
Comentario:
Código:*

Powered by AkoComment 2.0!