El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota pidió hoy a la Sección Primera de lo Penal de esta sede judicial el sobreseimiento libre de la causa que investiga las cesiones de crédito del Banco Santander, al entender que se incumplieron los "parámetros" legales exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) para proceder a la apertura de juicio oral, puesto que sólo lo solicitó la acusación popular, que ejerce la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC).

El juicio contra el presidente del Santander, Emilio Botín; el ex consejero delegado Rodrigo Echenique; el ex jefe de la asesoría jurídica del banco, José Ignacio Uclés, y el antiguo jefe central contable, Ricardo Alonso Clavel, por este caso comenzó hoy a celebrarse en la Audiencia Nacional con el planteamiento de las cuestiones previas al juicio, en el que están acusados por cuatro delitos continuados de falsedad, tres en documento mercantil y uno en documento oficial, y 30 contra la Hacienda Pública.

En sus alegaciones, el responsable del Ministerio Público insistió en que la apertura de juicio oral formulada sólo por la acusación popular representada por ADIC --ligada a Rafael Pérez Escolar, condenado por el 'caso Banesto'-- infringe el artículo 782.1 de la LEC, según el cual la juez debería archivar la causa al sostenerse sólo por esta acusación popular.

Dicho artículo establece que "si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa por cualquiera de los motivos que prevén los artículos 637 y 641, lo acordará el juez". También establece que "al acordar el sobreseimiento, el juez de instrucción dejará sin efecto la prisión y demás medidas cautelares acordadas".

El fiscal González Mora expuso que la apertura de juicio oral incumplió el citado artículo, lo que produce "una clara vulneración a un juicio justo y con todas las garantías", tal y como establece el artículo 24 de la Constitución. "Sólo puede formular acusación, quienes tengan capacidad para ello", indicó el fiscal, que explicó que la ley procesal impide que en el procedimiento abreviado pueda dictarse apertura de juicio sin perjudicado, es decir, sin acusación particular y sin acusación pública.

No es la primera vez que la Fiscalía solicita el sobreseimiento de las actuaciones respecto de los responsables del Banco Santander. En concreto, el Ministerio Público ha solicitado el archivo en 16 ocasiones. Por su parte, la Abogacía del Estado ha pedido 7 veces el sobreseimiento de la causa.

La juez que instruyó el caso, Teresa Palacios, dictó el 6 de octubre de 2004 el auto de apertura de juicio oral, en el que impuso a Botín, Echenique, Uclés y Alonso una fianza en concepto de responsabilidad civil de 67.754.490 euros y les acusó de 30 delitos contra la Hacienda Pública.

"SIN LEGITIMIDAD"

La posición del fiscal coincidió con el criterio del abogado de Botín, Gónzalo Rodríguez Mourullo, quien también solicitó al tribunal que se dicte auto de sobreseimiento libre, al considerar que "la acusación popular carece de legitimidad para formular la apertura de juicio oral, tal y como establece la LEC".

De este modo, el letrado se preguntó "¿qué piensa defender la acusación popular, si la Abogacía del Estado y la Fiscalía no ven motivos para la apertura de juicio?". Por ello, reseñó que "la tesis" mantenida por estas tres partes determina la "anómala situación" de una vista oral sin acusación, lo que, a su juicio, infringe "no sólo el artículo 782.1, sino que lesiona el principio acusatorio que forma parte de un proceso con todas las garantías".

Asimismo, Mourullo destacó que este enjuiciamiento constituye "un caso único en la historia judicial española" porque "la Fiscalía y la Abogacía del Estado están personados desde 1992 en la causa, realizando un seguimiento directo conforme al principio de legalidad, sin que sus decisiones estén motivadas por razones políticas".

Por su parte, el abogado Horacio Oliva, que ejerce la defensa del ex consejero delegado Rodrigo Echenique y el antiguo jefe central contable Ricardo Alonso Clavel, se adhirió a las cuestiones previas planteadas por el fiscal y por el abogado de Botín, al entender que "el auto de apertura de juicio oral vulneró el principio acusatorio, que integra el proceso con todas las garantías".

Igualmente, las defensas del resto de los acusados, entre ellos el ex jefe de la asesoría jurídica José Ignacio Uclés y 21 clientes de la entidad que adquirieron cesiones de crédito, se sumaron a la petición fiscal de solicitar el sobreseimiento de las actuaciones. Los abogados coincidieron en señalar la falta de legitimidad de la acusación popular para formular la apertura de juicio oral.

Por otro lado, el presidente del tribunal Javier Gómez Bermúdez, indicó que la Sala tendrá que resolver si admite personarse como acusación popular a IU-ICV, quien presentó fuera de plazo su escrito de acusación.

En la sesión de mañana, el fiscal responderá a las cuestiones previas formuladas por las defensas de los acusados. Además, éstos últimos plantearán alegaciones sobre la petición de nuevas pruebas para el juicio. [Europa Press]

Paz Digital, 23-11-2006