Paz Digital.- En 1968 se firmaba el Tratado de No Proliferación Nuclear por el que se acordaba que los países que ya habían hecho pruebas con armamento nuclear (USA, Inglaterra, Francia, URSS y China), y que eran los Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se comprometían a no transferir tecnología nuclear bélica a terceros países y los países que no tenían armas nucleares se comprometían a no adquirirlas. El Tratado lo firmaron 168 países, pero España que tenía en marcha un programa de desarrollo de armas nucleares no lo firmó ya que tenía previsto hacer las pruebas en las zonas más remotas del desierto del Sáhara.

En 1973, Henry Kissinger visitó al presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco y éste le expuso su posición contraria a abandonar dicho programa. También se reunió con Valery Giscard d´Estaing que aprovechó la oportunidad para negociar la imposición de la moratoria nuclear a España. Alemania impondría el cierre de los altos hornos, el cierre de los astilleros navales y el control de la industria automovilística a la vez que ponía el dinero y los asesores para la victoria del PSOE en 1982.

Manuel Fraga Iribarne no era una alternativa válida por su posición favorable a la continuación del Plan Energético Nacional y posiblemente al programa armamentístico. Decidieron apoyar a Adolfo Suárez, pero éste no cumplió como se esperaba de él. Después del falso golpe de estado, los militares habían quedado lo suficientemente desprestigiados, diezmados por el terrorismo y sin apoyo como para que representaran un problema. Felipe González decretó la moratoria nuclear en 1985, en 1987 firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear y lo volvió a ratificar indefinidamente en 1995 poco antes de su derrota electoral.

Curiosamente, Felipe González que firmó el Tratado en dos ocasiones, ahora aboga a favor de Irán defendiendo su derecho a poseer misiles nucleares en incumplimiento del Tratado de No Proliferación Nuclear que el propio Irán firmó.

………

Durante 20 años España tuvo la capacidad técnica de fabricar un arma nuclear gracias a los planes secretos que Franco impulsó a espaldas de Estados Unidos

(Vicente Garrido). Durante dos décadas, más allá incluso de su muerte, nuestro país planeó construir la bomba atómica. Hoy, cuando se cumple el medio siglo de la creación de la Junta de Energía Nuclear (JEN) y 100 años del descubrimiento de la radiactividad, sorprende lo cerca que estuvo España de ser una potencia nuclear.

En 1963, el entonces director de la JEN, el ingeniero y almirante de la Armada José María Otero Navascués, encargó un estudio sobre las posibilidades reales que tenía nuestro país de construir una bomba atómica sin alertar a la comunidad internacional. Esta responsabilidad recayó en el catedrático de Física Nuclear y general de Aviación, Guillermo Velarde. Los primeros resultados fueron un fiasco. Los especialistas del JEN (todos militares) se manifestaron incapaces para saber los detalles técnicos para la fabricación del artefacto y, sobre todo, cómo obtener el plutonio necesario.

Tres años después, sin embargo, el accidente de un avión norteamericano en la localidad almeriense de Palomares al perder sobre territorio español cuatro bombas de hidrógeno, supuso un nuevo impulso al proyecto. Los técnicos españoles, encabezados por Velarde, encontraron en la zona restos de la bomba y de los detonadores que les permitieron resolver las muchas dudas que albergaban.

En el universo geopolítico de la época, poseer la capacidad técnica para fabricar la bomba, significaba detentar un estatus especial. Y Franco lo sabía. Con espinas clavadas como el mantenimiento de la posesión británica de Gibraltar o el eterno "fantasma" que suponían las aspiraciones marroquíes por recuperar las plazas de Ceuta y Melilla, los sucesivos gobiernos se negaron a firmar el Tratado de Proliferación Nuclear (TNP) que obliga a los países signatarios a renunciar indefinidamente a las aplicaciones militares de la energía nuclear.

El primer documento oficial donde se reconoce la capacidad española para fabricar la bomba atómica data de 1967, y se trata de una circular interna del Ministerio de Asuntos Exteriores a varias de sus embajadas en el extranjero.

Al año siguiente, se instala en la sede de la JEN, en la Ciudad Universitaria de Madrid, el primer reactor rápido nuclear español, el Coral-1, con capacidad para trabajar con plutonio de grado militar. Estos reactores rápidos funcionan con este material o con uranio enriquecido al 90% (U-235) y los residuos siguen conteniendo casi tanto combustible como el que queman. Los primeros gramos de plutonio, los únicos en el mundo que no fueron fiscalizados por la OIEA (Organismo Internacional de la Energía Atómica, encargada de velar por la no proliferación), vieron la luz 12 meses más tarde, en 1969, en el más absoluto de los secretos. El sueño español ya era una realidad.

Ya en la década de los 70, la carrera española en busca de «la madre de todas las bombas» se disparó definitivamente. En 1971, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), elaboró un informe confidencial en el que señalaba en sus conclusiones que «España podía poner en marcha con éxito la opción nuclear militar». Según este estudio, nuestro país podía dotarse rápidamente su propio armamento nuclear utilizando las instalaciones de las que ya disponía. Se subraya la importancia de la central de Vandellós como fuente de plutonio militar. Por último, el estudio indicaba la posibilidad de realizar la primera prueba nuclear en el desierto del Sáhara, con un coste aproximado de 8.700 millones de pesetas de entonces.

La obtención del plutonio suficiente para construir la bomba (6 kilos), en un país cuyo subsuelo contenía las segundas reservas de uranio natural de Europa, ya no era una utopía. Se daba la particularidad de que la central de Vandellós I, la misma que sufrió un accidente en 1989, era de tecnología francesa y utilizaba uranio natural. Además, sus residuos eran ideales para ser reprocesados y obtener más combustible. En aquella época Francia, como potencia atómica, no permitía a la OIEA inspeccionar sus instalaciones nucleares. La central se inauguró después de un acuerdo de colaboración firmado entre Carrero Blanco y su admirado general De Gaulle. José María de Areilza, entonces embajador español en París, fue el encargado de negociar los términos de la cesión del uso de la central a espaldas siempre del amigo americano.

Pocos días antes de ser asesinado [sic, fue el día anterior], Carrero Blanco mantuvo una entrevista con el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, sobre este tema. El almirante siempre mimó este proyecto obteniendo recursos económicos de los que no disponía. Según algunos informes confidenciales desclasificados por el Servicio de Inteligencia Militar de EEUU, España estaba almacenando plutonio para fabricar una bomba nuclear, desviándolo de los controles de la OIEA. Se dice que así se lo manifestó Carrero a Kissinger. El secretario de Estado, aunque no consiguió que España firmase su adhesión al TNP, sí se llevó clara una idea: la confirmación de la voluntad nuclear con fines militares de Franco hacía necesario un «estrecho control» sobre estas actividades .

Pero los que creían que la muerte del dictador iba a suponer un cambio significativo de la postura pronuclear española se equivocaron. Las presiones norteamericanas, ya con James Carter como presidente para que España firmara el TNP continuaron. Sin embargo, en 1976, el ministro de Asuntos Exteriores hispano, José María de Areilza, volvió a reconocer que nuestro país estaría en condiciones de fabricar la bomba «en siete u ocho años si nos pusiéramos a ello. No queremos ser los últimos en la lista».

Las dudas se hicieron mucho más intensas cuando en 1977 se conoció públicamente el alcance tecnológico de las instalaciones nucleares previstas para el llamado Centro de Investigación Nuclear de Soria (CINSO), en la localidad de Cuba de la Solana. «El proyecto se aprobó 45 días después de la muerte de Franco en un Consejo de Ministros presidido por Arias Navarro. Los investigadores norteamericanos se asustaron al averiguar que en la planta piloto ideada para convertir el uranio en plutonio se podían hacer 140 kilos al año. El entonces ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, fue uno de los grandes impulsores de este plan gracias a las simpatías que gozaba por parte de altos mandos militares formados desde los años 50 para este fin», asegura Ladislao Martínez, portavoz de Ecologistas en Acción.

Pero Jimmy Carter no estaba dispuesto a que un nuevo país se sumara a la carrera armamentística que él trataba de frenar. Por eso, en sus cuatro años de mandato (1976-1980) emprendió una auténtica campaña contra los estados que no habían suscrito el TNP. Además, Estados Unidos estaba obsesionado con que la OIEA inspeccionara las instalaciones sospechosas españolas: en caso de impedir esta inspección, EEUU congelaría las exportaciones de uranio enriquecido a nuestro país, lo que supondría el parón industrial de las centrales nucleares civiles que ya funcionaban.

Finalmente, el 1 de abril de 1981, España acabó aceptando las condiciones impuestas por los norteamericanos y firmó un acuerdo de salvaguardias con la OIEA para someter estas instalaciones a verificación constante. Curiosamente, esta decisión fue adoptada el 23 de febrero anterior, el mismo día de la intentona golpista del teniente coronel Tejero. Esta decisión supuso la última oportunidad española por dotarse con armamento nuclear propio. La firma del TNP en 1987 por parte del Gobierno de Felipe González, se considera algo ya puramente simbólico. España había dejado de jugar a la bomba atómica en un mundo donde de lo que se hablaba ya era de la Guerra de las Galaxias...

Vicente Garrido es profesor de Derecho Internacional y autor de un libro de inmediata aparición sobre la carrera atómica española. (elmundo.es, 2001)

Paz Digital, 09-03-2007