Las principales firmas del grupo se han creado en paralelo al auge del nacionalismo. Ex miembros de Interior, Ertzaintza, Hacienda y del partido copan los accionariados. Algunas carecen de empleados y de actividad.

Paz Digital, 02-12-2007.- De La Razón, 23/04/2001:
 
Importantes ex altos cargos del Partido Nacionalista Vasco junto con empresarios muy vinculados al mismo, que han desempeñado puestos de responsabilidad en distintos organismos oficiales de esta Comunidad, han creado un importante e influyente «holding» empresarial en los útimos años. Varias firmas de este grupo, que se ha desarrollado en paralelo al auge y desarrollo del nacionalismo vasco, han sido subvencionadas por parte del Gobierno autónomo, que ha destinado ayudas de cientos de millones de pesetas para el mantenimiento de las citadas sociedades. Muchas de las empresas carecen de empleados y de actividad real conocida y la oposición sospecha que puede haber vinculación entre alguna de ellas y la presunta financiación irregular del PNV.

Un total de treinta sociedades componen el grupo empresarial creado, en paralelo al desarrollo del nacionalismo en el País Vasco, por más de diez altos cargos del PNV que ocuparon u ocupan puestos de alta responsabilidad en distintos organismos públicos. Muchas de estas empresas, según diversas fuentes y documentos oficiales consultados por LA RAZÓN, han establecido relaciones comerciales de diversa índole con el Gobierno vasco. Los sectores que cubre el mencionado grupo son muy diferentes, aunque predomina el inmobiliario, el de la informática y el de asesorías o negocios de empresas. Aparecen también sociedades del sector de la restauración y la hostelería, productos químicos, publicidad, gestión de inmuebles, cimentaciones o hasta la acuicultura. Estas empresas fueron creadas entre los años 1989 y 1993, la mayoría de ellas, y tienen sus domicilios sociales en Vizcaya, Álava y, en menor medida, Guipúzcoa.

Los nombres que aparecen como «cabezas visibles» del grupo empresarial han desempeñado cargos de responsabilidad en Departamentos del Gobierno vasco como Interior, Hacienda o Agricultura, o en organismos oficiales, controlados por el PNV como la UTAP, organismo dependiente de la Ertzaintza, la SPRI (Sociedad de Promoción Industrial) o juntas municipales. En la larga lista de nombres que aparecen en el entramado empresarial destacan los de Sabino Arrieta Heras -ex viceconsejero de Interior y considerado hombre de la absoluta confianza de Luis María Retolaza- Carmelo Intxausti -que fue miembro del Bizkai Buru Batzar-, Gustavo Adolfo Ruiz de Loizaga -ex alto cargo de Interior-, Javier Chalbaud -empresario vinculado al PNV-, Marcelino Múgica Samperio -ex alto cargo de la UTAP- o Juan José Zubeldía Peral -ex alto cargo del SPRI.

Alguna de estas personas aparece con distintos cargos dentro de varias empresas, como en el caso de Sabino Arrieta Heras, ex alto cargo de Interior, que mantiene o mantuvo -según los casos- distintas responsabilidades en las sociedades Vinilika, Vinilika Industrial, Digecosa, Eluar Sl y Friwarding SA.

Varias de estas firmas recibieron subvenciones y ayudas millonarias del Gobierno vasco en diversos ejercicios, según ha comprobado LA RAZÓN en documentos oficiales. Cuatro de las más importantes sociedades del grupo empresarial creado han recibido ayudas. Es el caso de Orrua Intxasondo Arraiak que en un solo año llegó a recibir un total de 169.012.008 pesetas.

Otra de las empresas, Hurbil Kulturgaiak recibió 1.895.000 pesetas en 1992, 93, 94, 95 y 96, lo que convirtió sus importantes pérdidas iniciales en beneficios.

Una tercera sociedad, Sogenor, recibió ayudas por un valor de 37.800 pesetas, una cantidad muy pequeña que, sin embargó, aumentó considerablemente un año después hasta llegar a los 9.038.100 pesetas. Una de las empresas más importantes del grupo, Kermit, también registra en sus cuentas de resultados importantes ingresos catalogados como «resultados extraordinarios» que mejoró la situación económica de una empresa donde aparecen significados miembros del PNV. De las 30 firmas citadas destaca la sociedad Campbell SA, firma que registra el inicio de sus actividades el 15 de diciembre de 1989 y que tiene por objeto social, según datos oficiales del Registro Mercantil de Bilbao consultados por LA RAZÓN, el «estudio, promoción y desarrollo de negocios y empresas». El domicilio social de la sociedad está registrado en la calle Gardoqui número siete de Bilbao, aunque debió de producirse algún cambio posterior en su localización. Entre los cargos de la sociedad figuran, siempre según el Registro, Kepa Andoni Etxebarria Arrizabalaga, como administrador de la empresa, y María Rosario Castañeira Román, como apoderado. Entre sus cargos más antiguos aparecen registrados Ángel María Barturen López (que fue presidente), María Rosario Castañeira Román (como secretario) y Nicolás Gerardo Mendizábal Ibarrondo. Sin embargo, lo que da un papel predominante en el grupo de empresas de los altos cargos del PNV a Campbell SA viene derivado de un cambio registrado el 7 de marzo de 1996 donde, en el apartado «otros actos sociales» aparece textualmente: «se declara la unipersonalidad de esta sociedad, siendo el único socio «Eusko Alderdi Jertzalea-Partido Nacionalista Vasco».

Fuentes consultadas por LA RAZÓN han vinculado a alguna de las personas que desempeñaban cargos en esta sociedad con el PNV.

Así, Nicolás Gerardo Mendizábal es hermano de Mikel Mendizábal, al que diversos sectores del País Vasco relacionan con el Partido Nacionalista Vasco. Nicolás Gerardo Mendizábal está, asimismo, vinculado a las estructuras de las finanzas del Partido Nacionalista Vasco. No sólo Campbell destaca en el entramado nacionalista creado por estos altos cargos. Otras dos sociedades resaltan: Kermit SA e Isuntza SA. Esta última fue creada con un capital social de 40 millones de pesetas y su objeto social está relacionado con la hostelería. En su accionariado aparecen varios nombres relevantes: como mimbros «históricos» de la empresa -es decir, que alguno de ellos ya no están en la sociedad- figuran Sabino Arrieta Heras -ex alto cargo de la Consejería de Interior-, Ángel María Barturen López -que también aparece en Campbell SA-, Gustavo Adolfo Ruiz de Loizaga Isasi -también ex alto cargo de Interior y también presente en Campbell-, Marcelino Tomás Múgica Samperio -ex alto de cargo de la UTAP, organismo dependiente de la Ertzaintza-, y José Miguel García Gómez. De estas personas, dos figuran actualmente con cargos de responsabilidad en la sociedad, siempre según los datos del Registro Mercantil, Gustavo Ruiz de Loizaga -ex alto cargo de Interior-y Ángel María Barturen López. El primero como administrador único y secretario y el segundo como vocal.

En Isuntza aparecen, por tanto, dos altos cargos del Gobierno vasco, Ruiz de Loizaga, relacionado con la gestión y organización de la Consejería de Interior, y Múgica Samperio, responsable de Patrimonio y Contratación de Hacienda y, según fuentes consultadas, hombre de la total confianza de Luis María Retolza y Sabino Arrieta Heras, ex viceconsejero de Interior. Además, Isuntza se vincula con Campbell, donde aparece el PNV, a través de Barturen López. La otra sociedad destacada es Kermit SA. Su objeto social es el de la hostelería, como en el caso anterior, y arrancó con un capital social de diez millones de pesetas. Esta firma no sólo se une a las dos anteriores a través de la mayoría de sus socios, lo que va configurando el entramado empresarial, sino que, en un momento dado, se transforma en Sogenor SA, una de las firmas más significativas del «holding».

Entre los cargos históricos de Kermit SA figuran Marcelino Múgica Samperio -ex alto cargo de la UTAP y presente en Isuntza-, Gustavo Adolfo Ruiz de Loizaga -ex alto cargo de Interior y también presente en Isuntza-, Ángel María Barturen López -presente en Campbell-, Sabino Arrieta Heras -ex alto cargo de Interior y miembro de Isuntza- y Javier Chalbaud, un conocido empresario vasco que diversas fuentes consultadas por este periódico relacionan muy directamente con el Partido Nacionalista Vasco. De estas personas, que han desempeñado en Kermit cargos de administrador, secretario y vocal, ninguna aparece como cargo actual de la empresa que queda reducida a José María Losa Pérez e Inés Ugalde Uriarte, también vinculada por fuentes de toda solvencia al PNV.

El hecho importante en Kermit se produce el 10 de enero de 1996, cuando la empresa para a ser una sociedad unipersonal cuyo único socio es la empresa Sogenor, según figura en el Registro Mercantil de Bilbao.

Sogenor está actualmente en fase de disolución y originariamente aparece registrada con el nombre de Surcaucho SA, hasta que el 15 de noviembre de 1991 cambia a la actual denominación, según ha comprobado LA RAZÓN. Su objeto social es el de «gestión de sociedades de cartera». Sabino Arrieta Heras, ex alto cargo de Interior que aparece en las sociedades Isuntza y Kermit, da continuidad al entramado de empresas de la órbina nacionalista vasca con otras cinco sociedades. Vinilika, Vinilika Industrial SL, Digeco SA, Eluar SL y Friwarding SA.Vinilika inició sus actividades el 20 de diciembre de 1990 con el objeto social de «fabricación y venta de productos químicos, especialmente materias primas plásticas», con un capital suscrito y desembolsado de 1.775.500 pesetas. La empresa está en suspensión de pagos, oficialmente.

Digeco SA está dedicada a la «promoción de empresas, asesoramiento, negociación de letras de cambio y explotación de fincas» y partió con un capital suscrito y desembolsado de 250 millones de pesetas. Es una de las fuertes del grupo de Sabino Arrieta. El «imperio» de Arrieta se completa con Friwarding SA.

En este «holding» empresarial, en el que unas empresas se interrelacionan con las otras a través de sus consejeros y responsables, aparecen más nombres de la UTAP y el SPRI. Juan José Zubeldía Peral, que fue responsable de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI), aparece en dos sociedades nuevas, Nexión y Telión.

En la primera aparece como actual administrador, apoderado de la sociedad y ex administrador único hasta el 1 de noviembre de 1996, momento en que es nombrado Andoni Clemente Ajuria. Esta sociedad tiene como objeto social la «explotación de edificaciones e inmuebles en general; administración de fincas y comunidades y realización de construcciones».

Telión, la otra empresa de Zubeldía Peral, es mucho más fuerte. Zubeldía ha llegado a aparecer en ella como administrador único, aunque en la actualidad no figura como cargo de la sociedad. Tras un cambio registrado el 23 de febrero de 1993, Telión se dedica a la «investigación, proyecto, desarrollo, asesoría, fabricación, suministro, instalación, montaje y operación de toda clase de equipos, sistemas y programas de ordenador, así como de la mediación, obtención y administración de datos». La fuerza de Telión está contemplada en la alta cantidad de dinero que fue desembolsado en su formación, 32.800.000 pesetas que fueron más tras dos ampliaciones de capital, la del 23 de febrero de 1993 y otra el veintiuno de noviembre de 1997.

La UTAP, unidad especializada de la Ertzaintza, cuenta con otro de sus altos representantes en este entramado: Pedro Ignacio Altamira Etxabe. Este miembro del PNV aparece como actual consejero de la sociedad Garanitua SA, también dedicada a las «actividades empresariales».

Javier Chalbaud, otro de los miembros de las empresas ya citadas, Kermit y Sogenor, un empresario fuertemente vinculado al PNV, según varias fuentes consultadas, es venezolano y completa su participación en el entramado nacionalista a través de otras dos sociedades que ha podido conocer LA RAZÓN, Astarloa 91 y Serpai SA, las dos dedicadas a la actividad inmobiliaria y domiciliadas en Bilbao. Según las citadas fuentes, Chalbaud ha figurado en el Bizkai Buru Batzar.

Carmelo Intxausti e Iñaki Chueca Intxausti -el primero miembro del Bizkai Buru Batzar y el segundo ex concejal del Partido Nacionalista Vasco también aparecen en Construcciones Intxausti y Orrua Intxasondo Arraiak, respectivamente.

Quién es quién en las empresas

Sabino Arrieta Heras: Ex alto cargo de Interior por el PNV. Es el nombre que más aparece en los accionariados del grupo de empresas
Marcelino Múgica Samperio: Ex alto cargo de Interior. También relacionado con la UTAP, unidad especializada de la Ertzaintza.
Gustavo Adolfo Ruiz de Loizaga: Ex alto cargo de Interior.
Pedro Ignacio Altamira Etxabe: Ex alto cargo de la UTAP.
Juan José Zubeldía Peral: Ex alto cargo de la SPRI (Sociedad de Promoción y Reconversión Industrial), de titularidad pública.
Carmelo Intxusti: Ex miembro del Bizkai Buru Batzar del PNV y del PNV en Guernika.
Francisco Javier Chalbaud: destacado empresario fuertemente vinculado al PNV.
Ángel María Barturen López: empresario del País Vasco vinculado al PNV.
Guillermo Ibarrondo Zamakona: Abogado vinculado al PNV. Ha defendido a miembros de este partido en algún proceso.
Pedro María Arteneche: Ex presidente del Athletic de Bilbao.


El PNV recibió 1.500 millones en ayudas
 
Según recuerdan en su libro José Díaz Herrera e Isabel Durán, el Tribunal de Cuentas, en su informe sobre financiación de partidos correspondiente a los años 1995, 1996 y 1997, señala que, el PNV recibió subvenciones de entes públicos por un importe de 1.497.990.021 pesetas. Respecto a los informes del Tribunal de Cuentas, los autores dicen en su libro que: «De esta cifra, 863.901.212 pesetas corresponden a ayudas del gobierno vasco, juntas generales y ayuntamientos, no contempladas en la Ley de Financiación de Partidos de 1987. Se trata, por lo tanto, como advierte el alto tribunal fiscalizador, de ayudas ilegales. (...) En el capítulo de donaciones, el PNV recibe en los tres años antes reseñados un total de 765.345.089 pesetas, es decir, un promedio de 940 pesetas por votante, mientras que la media del resto de los partidos no llega ni a diez pesetas por elector. (...) El informe del Tribunal de Cuentas pone de relieve también que desde 1996 el PNV financia con algo más de 50 millones anuales (51.244.274 pesetas en 1998) el Ipar Buru Batzar, es decir, el máximo órgano de su formación política al otro lado de los Pirineos franceses, una especie de partido paralelo creado para acelerar el llamado proceso de construcción nacional. Tanto sus sedes oficiales en Vizcaya, Guipuzcoa y Álava como su patrimonio se siguen gestionando por medio de sociedades fantasmas, sin haberse regularizado su situación jurídica, lo que impide un control serio de sus finanzas , advierte el alto tribunal fiscalizador del estado. Algo que a los dirigentes del partido nacionalista, acostumbrados al doble lenguaje y a la meditada ambigüedad en todas sus actividades, debe preocuparles muy poco».

«Empresas fantasma al servicio del nacionalismo»

Los autores del libro «Arzalluz. La dictadura del miedo», José Díaz e Isabel Durán, revelan cómo el Partido Nacionalista Vasco utiliza «más de veinte entidades, casi todas sin empleados y sin actividad real conocida, por medio de las cuales el PNV lleva a cabo sus actividades poco conocidas en el País Vasco». Los dos periodistas describen «los negocios de muchos de los testaferros de estas sociedades» y subrayan que en el País Vasco no hay nada que se mueva en el ámbito comercial sin la presencia del PNV. Por su interés, publicamos un amplio extracto de los apartados del libro referidos a este aspecto de la actividad del Partido Nacionalista Vasco y de sus ex altos cargos y empresarios afines.

«En 1989, junto con Félix Illarramendi, Eneko Caballero e Iñaki Ereño, Kepa Amantegui (uno de los hombres relacionados con las finanzas del PNV en la provincia de Vizcaya) funda Garapen, SA, una sociedad opaca propiedad del Bizkai Buru Batzar, que lo único que declara al Tribunal de Cuentas, en 1996, es una inversión de 120 millones de pesetas en su patrimonio. Oficialmente se desconoce el objeto social y el estado patrimonial de la entidad por no haber sido comunicada la totalidad de los balances al Registro Mercantil.

Es el caso de otra compañía, Errekalde. Constituida, como casi todas las sociedades instrumentales del PNV por un representante de cada herrialde (un vizcaíno, un navarro, un alavés y un guipuzcoano), Errekalde se inscribe en Vitoria el 4 de setiembre de 1981. Cuatro años más tarde, en 1985, traslada su domicilio social a Bilbao y entre sus apoderados figura el miembro del Euzkadi Buru Batzar y tesorero del partido Félix Illarramendi, quien, en 1993, cede todos los poderes al ex presidente del PNV Jesús Intxausti Urkirizar.

Dedicada a la «realización de estudios de mercado», al «asesoramiento técnico», a la «promoción de empresas industriales» y a «la representación como agente», de su objeto social parece deducirse que se trata de una entidad creada para intermediar en las actividades de muchas entidades del gobierno vasco y cobrar comisiones para el partido.

Garapen, Errekalde, Mixats, Campbell, Fibro-Cementos Aurrerá, Ibarsusi, Astarloa 91 y otras forman parte del entramado de más de veinte entidades, casi todas sin empleados y sin actividad real conocida, por medio de las cuales el PNV lleva a cabo sus actividades poco conocidas en el País Vasco.

Los negocios de muchos de los testaferros de estas sociedades han crecido como la espuma. Es el caso, por ejemplo, de Kepa Amantegui. Dueño de la cantera de Mugarra, la única en el mundo que se explota en un Parque Natural como el del Urkiola, aparece además como propietario de empresas como Morteros y Revocos Bikain, Hormigones Eusko, Promocamp o Eusko Promociones. Militante del PNV y accionista del diario Deia, al margen de estas actividades se le considera uno de los hombres que con mayor facilidad «abre las puertas» tradicionalmente inaccesibles en el País Vasco.

«En Euskadi no se adjudica ni una sola obra pública, se recalifica un terreno o se concede una licencia de construcción sin pasar previamente por caja a satisfacer el correspondiente peaje a los supuestos intermediarios del PNV», reconoce un empresario de la construcción de Madrid. Su empresa y la de otros industriales españoles se ven obligadas a operar en Guipúzcoa, Álava y Vizcaya a través de segundas marcas. La «construcción nacional» tiene sus inconvenientes, como el que no esté bien visto adjudicar las obras de infraestructura a compañías foráneas.

Otro de los empresarios a quien su vinculación con el partido de Sabino Arana no le ha venido mal es Lorenzo Mendieta Pascual, un empresario bilbaíno, de sesenta años. Militante del PNV y miembro del consejo de administración del diario Deia, Mendieta se ha hecho en los últimos años con un patrimonio inmobiliario que supera los quince mil millones de pesetas. Una de las empresas en las que aparece como administrador único es, por ejemplo, Palacio de Sota, edificio de servicios.

La entidad, con 1 100 millones de capital, figura en los registros públicos como la propietaria del Palacio de Sota, un edificio de 11000 metros cuadrados, catalogado por el gobierno vasco. Situado en la Gran Vía, junto a la plaza de Moyúa, en pleno corazón de Bilbao, el inmueble fue mandado construir a finales del siglo pasado por Ramón de la Sota Aburto, el iniciador de una saga familiar de industriales ligados al nacionalismo, fundador de los astilleros Euskalduna, propietario de bancos, altos hornos, ferrocarriles y empresas navieras.

Mendieta y sus socios son «dueños» de otros emblemáticos inmuebles de Bilbao, como el edificio Axa (antes Edificio Aurora), emplazado enfrente de la plaza de Moyúa, donde hasta el año 2000 se encuentra la sede central del PP. No puede demostrarse documentalmente, sin embargo, que ambos inmuebles, el Palacio de Sota y el Edificio Axa, y algún otro más de Bilbao, por cuyo alquiler para la instalación de oficinas se pagan precios astronómicos, formen parte de la estructura financiera del PNV como figura en un informe confidencial del Cesid.

Pese a todo, el enriquecimiento fácil y la política del «pelotazo» parece estar a la orden del día en Euskadi más que en cualquier otra región española. Los nombres de altos cargos del gobierno vasco o del PNV como el ex consejero Javier García Egotxeaga, el ex concejal Iñaki Ereño, el ex secretario del Bizkai Buru Batzar, Javier Chalbaud, el ex presidente de la Federación del Metal de Vizcaya, Juan Antonio Arcelay, el senador Mikel Unzueta, han aparecido relacionados con supuestos casos de corrupción.

A la lista habria que añadir los nombres del ex presidente del Athletic, Pedro Aurtenetxe; el ex concejal de Baracaldo, Juan Maria Mendizabal, el ex diputado general de Vizcaya, José Alberto Pradera o el presidente de la constructora Uribitarte, Antonio Uresti, y de, al menos, un centenar de personas más.

El listado de los escándalos es, igualmente, para echarse a temblar. En operaciones como la ampliación de la Feria de Muestras de Bilbao, financiada con dinero de la diputación, o en el llamado «caso Uribitarte» se han movido sumas de dinero por encima de los treinta mil millones de pesetas. Uno de los «negocios» derivados de la Feria de Muestras, la compra por la diputación de un edificio de 19.579 metros cuadrados y cien plazas de garaje para establecer allí sus servicios centrales, representó una inversión de 4.655 millones de pesetas. Una tasación posterior revela que el valor de los inmuebles es de 3.472 millones, por lo que, de ser cierta la última estimación, el gobierno foral de Vizcaya abonó un sobreprecio de 1.183 millones.» Sin embargo, las fuentes tradicionales de financiación del PNV eran otras.

A mediados de 1990, Javier Arzalluz sale a la palestra y declara: «Hay una inmensa campaña orquestada en Madrid y Euskadi para relacionarnos con casos de corrupción y hundir al partido».

La supuesta campaña, en realidad, había salido de la Ertzaintza. El 17 de marzo de 1990, el asesor jurídico de uno de los sindicatos de la policía autónoma vasca presenta denuncia en el juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao. Los presuntos delincuentes eran el director general del juego del gobierno vasco, José Joaquín Portuondo, y su segundo, Alfredo Peña.

Responsables de la Dirección General del juego, organismo vinculado a la Consejería de Interior que dirige Luis María Retolaza, uno de los hombres de confianza del presidente del PNV, Portuondo y Peña están acusados por el sindicato policial de un delito de estafa y otro de prevaricación en la concesión de las licencias de máquinas tragaperras en Vizcaya y Guipúzcoa.

Las investigaciones policiales se remontan a cinco años atrás. El 2 de julio de 1985, ante la anarquía que reina en el sector del juego, con máquinas ilegales en bares que otorgan premios de hasta un millón de pesetas, el gobierno vasco hace público un decreto reordenando el juego y reduciendo el excesivo parque de máquinas de juego en establecimientos públicos.

La Consejería de Interior se salta a la torera su propia normativa y aunque oficialmente no se conceden nuevas licencias para instalar máquinas, entre 1984 y 1989 las tragaperras se duplican en la provincia de Vizcaya, pasando de seis mil a más de doce mil. La Ertzaintza abre expedientes pero, en lugar de ser tenidos en cuenta, los autores son represaliados.

La «guerra» entre la Consejería de Interior y la policía autónoma experimenta un cambio radical al descubrirse un mercado negro de licencias en Guipúzcoa tras el que, aparentemente, se ocultan el propio director general del juego, José Joaquín Portuondo, y su segundo, Alfredo Peña. El «negocio» es redondo. Por cada autorización para instalar una máquina en una cafetería, los compradores han de abonar un millón de pesetas, dinero que aparentemente va a las arcas del PNV.

Con estos datos, el juez instructor, Ricardo Prada, abre un sumario y llama a declarar a Portuondo. El responsable del juego reconoce estar al corriente de la existencia de los mercados negros. Reconoce también haberse entrevistado en Vizcaya con dos empresarias del sector: Araceli García y Olga López.

En las diversas deposiciones ante el juez, Portuondo y los empresarios se acusan mutuamente de presuntos intentos de soborno por la compra de 700 licencias que la Dirección General del Juego tenía bloqueadas en aplicación del decreto antes citado. Los «donativos» exigidos, según Olga López, ascendían a 150 millones de pesetas, «la mitad era para el PNV y el otro 50 por ciento para los intermediarios, entre los que se encuentra el director de Hacienda de la Diputación de Vizcaya, Ignacio Goiri».

El «negocio» de las tragaperras destapa otros chanchullos como la existencia de la empresa Iru-Alfa, fundada por Félix Illarramendi (uno de los supuestos «testaferros» del PNV), implicada aparentemente en la venta de licencias ilegales o la concesión, sin concurso, de la lotería instantánea Raspe y Gane a la empresa Industrias Alfanuméricas». A la presunta corrupción hay que añadir, además, el «amiguismo» y el «enchufismo» en el nombramiento de los funcionarios de la administración vasca».

 
«La casa de Sabino» costó 5.000 millones

Herrera y Durán escriben lo siguiente en su libro sobre la casa de Sabino Arana (Sabin Etxea) y sobre las sedes del partido:

«Allí, junto a la Iglesia de San Vicente Mártir, frente a los jardines de Albia, se encuentra Sabin Etxea (la casa de Sabino), la sede oficial del Partido Nacionalista Vasco, un faraónico edificio, cuyo coste ascendió a más de cinco mil millones de pesetas, pese a que muchas de las empresas constructoras eran adjudicatarias de gran parte de las obras públicas que contrata el gobierno vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos bajo control nacionalista [...].

Un partido político que dispone de cerca de cuatrocientas sedes oficiales (batzokis) abiertas en el País Vasco, con los gastos de luz, agua, teléfono y fax que ello conlleva, necesita disponer de unos recursos que habitualmente no se consiguen con las cuotas de afiliados ni con las subvenciones oficiales a los partidos políticos por el número de votos obtenidos en los distintos procesos electorales.

Aunque el inmovilizado material declarado en 1995 asciende a 8.154 millones de pesetas, el valor patrimonial del conjunto de edificios propiedad del Partido Nacionalista Vasco se calcula en no menos de veinte mil millones de pesetas, muchos de los cuales están adquiridos a nombre de intermediarios o de sociedades patrimoniales como Garanpen, Campbell o Fibra-Cementos Aurrerá o testaferros como ocurre en la provincia de Guipúzcoa, donde el partido nacionalista reconoce disponer de propiedades por un valor de 808.912.000 pesetas.

A esa cifra hay que sumar un crédito por otros 921.396.000 millones de pesetas que el Partido Nacionalista Vasco exige a Eusko Alkartasuna, que sigue activado en sus balances, y que corresponde a los batzokis escriturados a nombre de sociedades interpuestas que quedan para el uso del partido de Carlos Garaicoechea, tras la ruptura política con el Partido Nacionalista Vasco». [La Razón, 2001]

 
Paz Digital, 02-12-2007

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