Cuando más complejo parece un asunto, más se tiende a su canalización y estigmatización por medio de afirmaciones mediáticas realizadas con contundencia.

Paz Digital, 28-12-2007.- Sobre la doctrina aristotélica “si todos los hombres fueran amigos, no habría necesidad de la justicia”, comenta Charles Van Doren - prolífico escritor, editor de la enciclopedia Británica y Vicedirector del Instituto de Investigaciones Filosóficas de Chicago - que “puede desprenderse de tal afirmación que los miembros de un club no necesitan reglas para gobernarse; sólo necesitan reglas para mantener a los demás fuera, para excluir a los que no pertenecen al club. La justicia, entonces, sólo es necesaria cuando se trata con los “otros”, habitualmente seres inferiores. La justicia ayuda a mantenerlos en su lugar”.
 
De tal planteamiento se desprende la aceptación  de las supuestas bondades de los miembros del “club” en el marco de sus relaciones personales, fruto de una supuesta e intachable conducta no necesitada de acción reguladora. Admitir una teórica aplicación de la justicia a partir de las relaciones entre los miembros de aquél (el club) con su entorno, llevaría aparejada la aceptación de la diferente aplicación de la justicia a grupos o contextos de cualquier tipo o idiosincrasia, pudiéndose excluir a algunos o tratándose de modo diferente a quienes pertenecen a éste o a aquél. Junto a la previa y urgente necesidad de definir, sucintamente, a tales colectivos del resto no perteneciente al mismo, cabe la profunda sospecha de si un trato diferenciador de la ley no esconde una “argucia” o “trampa” del Poder con el objetivo de preservar determinadas facciones o, incluso a sus propios miembros, amparando situaciones o justificando una administración de justicia favorecedora de unos sobre otros.
 
Que la justicia debe ejercerse en el medio de actuación del individuo, o de sus agrupaciones y de éstos entre sí, protegiendo y amparando derechos y obligaciones  inalienables, es algo que hoy en día no alberga ninguna duda. Pero, ¿qué sucedería si un conjunto de sujetos es aislado y separado del conjunto? ¿Debe entenderse que el conjunto de leyes y principios no les son atribuibles? ¿Acaso las leyes deben considerar su ámbito de aplicación en función de grupos o contextos? Y, principalmente ¿no es la justicia la misma para todos?  Porque, si admitimos la práctica de aislar o pensar en distintos ámbitos de aplicación y, consecuentemente, de promulgación de leyes, en base a una supuesta especificidad (no confundir con circunstancias atenuantes o exculpatorias), ¿no estaríamos contradiciendo uno de los principios de mayor envergadura democrática, el de igualdad ante la ley?
 
Generalmente consensuamos el aislamiento o exclusión social respecto de malhechores o de disminuidos psíquicos – coloquialmente, “locos” – sometiéndoles a terapias que violentan, en muchos casos, los más elementales derechos, justificándose las medidas por la teórica “especial situación” de sus destinatarios. Mencionar, a este respecto,  la más que probable línea delgada que establece la separación entre quienes delinquen o quienes presentan minusvalías mentales, de los integrados socialmente por su conducta conforme a las reglas. Recordar que hechos admitidos en otras épocas son censurados actualmente y determinadas acciones o medidas disuasorias ni tan siquiera encontrarían justificada su aplicación – apelando al carácter de integración social o de benevolencia de las decisiones judiciales - en base a la crudeza de actos cometidos por seres cuyas conductas patológicas, injustificables o violentas en extremo, antisociales, o de maldad implícita, causan daño a sus congéneres o instituciones.
 
Denunciar la repercusión social o daño ocasionado por quienes, aún teniendo conductas comúnmente aceptadas y, por tanto, ni sancionables ni clínicamente diagnosticadas, ejercen el terror en sus círculos y no digamos si, para colmo, ostentan parcelas de poder y de decisión. Diagnosis recientes sobre el “mobbing” o el acoso de género, practicados en las empresas y aún no suficientemente regulados y de nefastas consecuencias, vuelve a poner en tela de juicio la temporalidad de aquello objeto de sanción y la línea delgada a la que hacía alusión con anterioridad referente a las patologías consentidas de las prescritas (muy recomendable la lectura de Chejov “El Pabellón número 6”)
 
A pesar de que las disertaciones de Charles Van Doren parecen circunscribirse al ámbito de la sociedad griega y fueron enunciadas por Aristóteles en el siglo IV a. J. C. cabría deliberar si, de algún modo, la justicia no muestra, en la actualidad, manifiestas desigualdades cuando protege o ampara a círculos de poder o a determinados y significativos estamentos, o personalidades de “relevancia” sobre el resto de la comunidad desconocida o de escaso peso o influencia. A este respecto, mencionar como ejemplo las dificultades de procesos encaminados a juzgar a ex-gobernantes (por no hablar de aquellos en activo, cuyo enjuiciamiento por determinadas acciones cabría catalogar de “utópico cumplimiento”, a pesar de lo sancionable de algunos gestos), la dilación en el fallo de determinados procesos o el frecuente uso y abuso de tecnicismos o la susceptibilidad respecto de algunas interpretaciones de las leyes (en según qué casos) plantea el debate sobre la ecuanimidad de la justicia en un sentido amplio.
 
Muchas son las críticas y presiones que los jueces deben soportar cuando ejercen el fallo sobre personajes de significación y, si a esto añadimos la posible repercusión o interacción en las decisiones, posiblemente afectadas por criterios o ideas preestablecidas que encubren la objetividad de la que deben hacer gala y acopio y, entre otros aspectos de significativa relevancia, la posible influencia de juicios populares paralelos, el debate está servido. Dudar, en estos casos, sobre la imparcialidad que cabe esperar de las decisiones de jueces y magistrados, cuando es más que probable que, con antelación, tengan un juicio igualmente formado por la presión mediática, no resulta disparatado.
 
Impartir justicia no es empresa fácil y, junto, a la formación académica que cabe suponer a sus transmisores, no debe olvidarse que otras facetas o características se les debe exigir; a saber, extraordinarias cualidades -a dilucidar- y profundo conocimiento de la compleja realidad social. Hay, no obstante, quienes defienden el necesario aislamiento de aquéllos como forma de contrarrestar la “contaminación” a la que podrían verse expuestos. Otro debate se abre sobre si el pueblo no debería elegir a jueces y magistrados, sobre todo pensando en las repercusiones y las consecuencias de sus decisiones futuras para todos.
 
No debemos ignorar que la sociedad es constantemente expuesta a misivas encaminadas a la formación de juicios y diagnósticos premeditados sobre hechos y antecedentes, a menudo desconocidos o significativamente ocultos aún a pesar de su aparente complejidad y que, cuando más complejo parece un asunto, más se tiende a su canalización y estigmatización por medio de afirmaciones realizadas con contundencia –insospechadas consecuencias tienen el criterio y el libre albedrío– con el propósito ineludible de formar círculos mediáticos, de disenso y de difícil contrarréplica y descarte de quienes no se alinean con las posturas o tendencias generalizadas (no es nuevo, Erasmo, al abrigo de su imparcialidad, se convirtió en el objeto de las feroces críticas, tanto de luteranos como de católicos)
 
De la desolación e incapacidad que puede llegarse a sentir cuando el consenso previo complica sobremanera el entendimiento y descarta de raíz lo que se debate y no es comúnmente aceptado,  pueden dar testimonio quienes se han sentido abatidos por las circunstancias (un ejemplo próximo lo encontraremos entre los clientes de las compañías Forum Filatélico y Afinsa)
 
Dice John Stuart Mill que hay que proteger los derechos de la persona “no solo frente a la tiranía del magistrado sino también contra la tiranía de la opinión y el sentimiento dominantes”. Demasiado bien lo saben nuestros gobernantes y sus círculos afines.             
 
Antonio

Paz Digital, 28-12-2007

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